El fiscal federal Franco Picardi impulsó hoy la apertura de una investigación para determinar si desde las más altas esferas del Ministerio de Seguridad de la Nación se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos, principalmente inmobiliarios, sobre esa zona, revelaron fuentes judiciales.

Bullrich, Noceti, Milman y Burzaco

El fiscal imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su exjefe de Gabinete, Pablo Noceti; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.

La causa

• La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan "con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios".
• En la denuncia, la APDH presentó una serie de hechos entre los que se destacan la supuesta la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la presunta realización de tareas de inteligencia ilegal, "la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)" y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
• Tras realizar una serie de medidas previas, la fiscalía decidió dar impulso a la acción penal a través de un dictamen en el que expuso, además, la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016.

En el dictamen presentado ante la jueza Capuccheti, el fiscal sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios denunciados "se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas".

Para el fiscal, es pertinente averiguar si los denunciados dieron, incluso, "órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad".

El representante del Ministerio Público Fiscal también señaló en su dictamen que entre aquellos que pretenden la explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina hay muchos que podrían tener "relaciones de distinta índole con funcionarios del actual Gobierno Federal".

El fiscal también remarcó que la investigación deberá dilucidar "si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura de la RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede".