De no mediar inconvenientes, el viernes próximo habrá una sentencia por la causa de la tragedia de Guachipas. Ayer se conocieron los alegatos en el juicio que se lleva adelante desde el 15 de octubre contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagún, quienes estaban a cargo de la cuadrilla de Defensa Civil de la Provincia que murió calcinada en un incendio forestal el 28 de octubre de 2014.

De la parte acusatoria, la fiscal Mónica Poma se mantuvo en la postura de acusar a los tres exfuncionarios de Defensa Civil por incumplimiento a los deberes de funcionario público y solicitó que se les imponga la pena máxima que prevé el Código Penal para ese delito, que es dos años de prisión de ejecución condicional (es decir sin cumplimiento efectivo) y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Como ya habían adelantado desde la otra parte de las querellas, los representantes legales de las familias de las víctimas solicitaron condenas por homicidio culposo para los tres imputados.

Desde el lado de las defensas, los abogados de los acusados pidieron la absolución lisa y llanamente de sus representados.

Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) son los agentes de Defensa Civil que perdieron la vida al cumplir la orden de intentar extinguir el incendio forestal que se desató en las serranías de Guachipas. La fatalidad ocurrió en el paraje La Junta, más precisamente en el cerro El Acheral.

Hasta el viernes, el juez Diego Rodríguez Pipino, a cargo del desarrollo del juicio, deberá valorar el peso de las pruebas que se presentaron contra Ola Castro, Durnelli y Dagún que rondaron principalmente en la decisión de enviar a una cuadrilla en la que dos de sus integrantes estaban con contratos precarios de desmalezadores a un incendio de grandes magnitudes, presumiblemente sin contar con un protocolo determinado de ataque a las llamas y sin el apoyo necesario que requiere esa situación.

Los representantes de los familiares de las víctimas consideraron leve la acusación de la Fiscalía.

Los abogados Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia, quienes representan a familiares de Vilte y Valdez, pidieron 3 años de prisión condicional y 5 de inhabilitación especial para los imputados. Además, ya por la parte de una acción civil, solicitaron la reparación del daño a la pareja e hijos de Vilte y a la madre de Valdez en la suma de $6 millones a pagarse de manera subsidiaria entre los acusados y el Estado provincial.

El abogado Carlos Saravia, representante de familiares de Valdez, Albarracín y Ferreyra, consideró que la pena para los acusados debería ser de 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación especial por homicidio culposo.

"Pocas veces podemos advertir una secuencia que involucra desidia, indiferencia, incumplimiento reiterado de reglamentos que han determinado la muerte de cuatro personas", expresó en su alegato Saravia.

Consideró que hubo una "sistematización de lo que es el abuso funcional del incumplimiento de deberes que determinó un resultado mortal".

Por su parte, Teseyra consideró que los acusados "decidieron sobre la vida y la muerte" de las víctimas "jugando con fuego".