El gobernador Gustavo Sáenz continúa completando su estructura de gobierno. Ayer asumió el fiscal de Estado, a quien el mandatario le pidió no recurrir a la política de “patear” los juicios para más adelante. También entraron en funciones el síndico general, secretarios y titulares de organismos descentralizados y entes autárquicos (ver página 8).

Durante el acto, realizado en la Casa de Gobierno, Sáenz destacó que los nuevos funcionarios tienen la responsabilidad de demostrar que más allá de las banderías políticas, “hay algo que los une, que es el amor por Salta y por los salteños”.

“El orgullo y la soberbia siempre construyen muros, la humildad es la que construye puentes y vamos para trabajar con humildad y responsabilidad por los habitantes de la provincia”, señaló.

Uno de los funcionarios más importante que asumió y tendrá un rol fundamental para el funcionamiento del Estado es Juan Agustín Pérez Alsina quien tendrá el rol de fiscal de Estado.

En diálogo con El Tribuno, el flamante funcionario destacó que “son muchos juicios” los que deberá enfrentar la Provincia en un futuro, aunque aseguró que ninguno puede comprometer financieramente al gobierno el año que viene. El juicio de Casinos de Austria es preocupante para la Provincia, aunque descartó que sea algo que inmediatamente se tenga que pagar o afecte las finanzas en un corto plazo.

“Primero hay medidas para pedir aclaratoria en el fallo o la nulidad, que obviamente la vamos a estudiar bien llegado el caso. Es algo en lo que interviene la Nación, eso hay que decirlo claramente y la Nación responde. No es algo que sale una sentencia y la Provincia paga, sino que el que tiene que pagar la Nación, con lo cual deduzco que va a entrar gran parte en la renegociación que está por hacer el Presidente (Alberto Fernández)”, expresó Pérez Alsina. 

El fiscal aclaró que el gobernador dio la instrucción de no “patear los juicios o demandas para más adelante”, porque a veces esas políticas parecen exitosas pero las termina pagando la comunidad, ya que se encarecen los gastos e intereses. 

“Todo lo que se pueda arreglar, lo vamos a hacer. Hay una predisposición en los juicios que deberían pagarse en el 2020, que sería muy factible hacerlo en un marco que ya estamos estudiando. Son imputaciones presupuestarias de diversos juicios que se han ido acumulando a través de los años. En montos generales son más o menos 35 millones de pesos”, afirmó. 

Jorge Macedo, es el nuevo Director de Vialidad de Salta. El flamante funcionario aclaró que ya se reunió con el Ministro de Economía (Roberto Dib Ashur) para darle un panorama de las cuestiones que atañen a la cartera que va a dirigir. 

“Hay varias cosas que son urgentes como armar un Comité de Crisis, del cual formo parte, para prevenir las inundaciones en el Pilcomayo, porque todos los años se corta Misión La Paz y queda totalmente inundada”, expresó Macedo.

El funcionario sostuvo que el plan general que impulsa el Gobernador, apunta a priorizar que estén en buen estado los caminos para favorecer actividades como la minería y el turismo, ya que Salta es un destino icónico de Argentina y las rutas tienen que estar en las mejores condiciones. “Esos son dos puntos del plan”, aclaró. 

“Como la situación económica es muy complicada, todavía no se sabe el presupuesto nacional, y por ende el provincial tampoco, estamos supeditados a una serie de obras que están en carpeta pero va a depender de que Nación mande los fondos”, finalizó. 

Sáenz insiste en “achicar las desigualdades” en la provincia

El gobernador se reunió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Saénz junto a Katopodis, ministro de Obras Públicas.

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, con quienes analizó la gestión de recursos y el desarrollo de obras para la provincia.

Como resultado de ambos encuentros, se realizaron acuerdos operativos en estas áreas, sobre los cuales habrá mayores precisiones en el mes de marzo, cuando se produzca el tratamiento de los presupuestos, nacional y provincial.

Sáenz insistió en que “es necesario achicar las desigualdades” en cada lugar de la provincia, y se refirió a la necesidad de desarrollar infraestructura para que la gente acceda a su terreno, con su correspondiente habilitación. Consideró que se debe tratar de avanzar en el marco de la crisis y la dificultad presupuestaria del país.

También participaron del encuentro el ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, y quien asumió como titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Carrizo. 

Carrizo comentó a El Tribuno que el lineamiento es trabajar en un “plan federal para la provincia”. También comentó que se desarrollarán distintos planes para todo el interior de Salta. 

“Creemos que se debe prestar atención a la necesidad de la gente más humilde y trabajar para eso. Tenemos un gestor, que es Gustavo Sáenz y que ya se juntó con los ministros nacionales y con el Presidente, así que entiendo que él nos va a dar la pauta. Con Nación quedamos en juntarnos la semana que viene”, agregó Carrizo. 

Tarifas

En diálogo con Radio Salta, Carlos Humberto Saravia, nuevo presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, dijo que la grave crisis que afecta al país impacta directamente en los usuarios de los servicios básicos. 

“Las tarifas tienen que tener una consideración especial con la gente que menos tiene. Esta es la política del Gobierno, traducida en las distintas áreas. Es tener mayor comprensión sobre lo que es la vulnerabilidad social. El Ente Regulador trabaja sobre esquemas subsidiados por adhesión a una ley nacional. También hay que respetar las ecuaciones económicas de empresas que padecen los efectos de la crisis”, afirmó.

El titular del Ente no descartó “reformulaciones y renegociaciones” de los contratos de las prestadoras. “Si hay que imponer sanciones a las empresas, por supuesto que habrá que hacerlo. El relajamiento de control no es bueno”, afirmó. Saravia también aclaró que “son tiempos de crisis”, y eso puede impactar en las prestaciones de los servicios básicos.