La posición de la multisectorial de entidades empresarias de Salta en contra de las exigencias salariales de los docentes, por el relegamiento del gasto público solo para pagar sueldos de estatales que esas pretensiones significan en el contexto financiero de la Provincia, encierra un planteo de fondo que tanto a nivel de la administración local como la nacional nunca se aclara debidamente: ¿a dónde va a parar lo recaudado en impuestos?

Bajo esa pregunta, resulta lógica la preocupación de los empresarios salteños, agobiados por la presión tributaria y la recesión económica y testigos, como el resto de los ciudadanos, de lo que sacrifican para aportar al fisco no se invierte en la misma proporción para el desarrollo de la comunidad donde residen.

Los representantes de las distintas cámaras empresarias y productivas de la provincia definieron, en una solicitada que se publicó el miércoles pasado, que su hartazgo es por "una sociedad desequilibrada". Cuestionaron que "el sector público avanza sin importar el costo del sector privado que financia las exigencias del empleo público, sin contemplar el contexto desfavorable en que viven otros sectores".

El Gobierno provincial podría mirar a esa disputa como una pelea de pobres contra pobres, pero, en realidad, el cuestionamiento del comunicado es a un sistema estatal voraz (recaudador), con prioridades que están lejos de las necesidades de un sector que necesita inversiones en infraestructura y apoyo económico para poder crecer.

El presupuesto de la Provincia para este año describe la situación que preocupa a los empresarios de manera muy clara: el 90% de los recursos se utilizan para gastos corrientes (sueldos y pago de servicios) y el 10% restante para gastos de capital (obras y otras inversiones de infraestructura).

En situación opuesta se encuentran las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan el 70% del empleo formal. Un reciente informe de IDEA PYME alerta de que esas compañías deben trabajar siete meses del año solo para cumplir con todos los requerimientos tributarios e impositivos.

1.200 viviendas

Los $3.000 millones extras que desde la Provincia indicaron que deberán disponer para llegar al 35% de incremento salarial y dos bonos de $2.500 que se otorgarán a los estatales en 2019 representan el costo de construcción de unas 1.200 viviendas sociales.

Para este año, el Gobierno deberá utilizar, según datos oficiales, $40.500 millones, más otros $9.500 millones que se suman tras el último acuerdo paritario, solo para pagar los sueldos de los más de 67 mil empleados provinciales. Significa el 66% del total de los gastos del presupuesto anual.

"Nadie está en contra de los docentes, de la educación. Al contrario, estamos todos a favor de ella, al igual que de la salud y los otros sectores que necesitamos, pero realmente estamos en un momento de crisis. Lo que nosotros planteamos es que las empresas no estamos en condiciones de seguir manteniendo al Estado, como lo estamos haciendo, lo que pedimos es mesura", explicó a El Tribuno Jorge Banchik, presidente de la delegación salteña de la Cámara Argentina de la Construcción.

El dirigente fue uno de los firmantes de la solicitada de la multisectorial y su rubro es, quizás, uno de los más perjudicados por el acuerdo paritario de los estatales, tras el que el Gobierno anunció que "no se van a hacer muchas obras que se tenían previstas".