El fiscal federal Franco Picardi apeló la falta de mérito que el juez le impuso a los empresarios Ángelo Calcaterra y Jorge "Corcho" Rodríguez en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
Fuentes judiciales informaron a NA que ante la Cámara Federal porteña el fiscal apeló la falta de mérito que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó también a favor de los empresarios Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina y Gianvincenzo Coppi.

Ese fallo, además, había beneficiado a Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso, todos ellos integrantes de las empresas que intervinieron en la UTE a cargo de la obra del soterramiento, Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.También pidió que por ofrecimiento de dádivas y cohecho sean procesados los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro.

Pago de sobornos
Para el fiscal, existen pruebas que acreditan que se pagaron sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal para obtener la adjudicación al consorcio de empresas que finalmente resultó designado.
Según la Fiscalía, las maniobras principales de soborno se desarrollaron en dos tramos, primero con la adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), y luego por montar el esquema de pagos ilícitos para lo cual se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero.

En ese sentido, se logró comprobar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC, utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos.

La participación de Rodríguez, según la Fiscalía, fue la de ser intermediario entre los exfuncionarios José López y Roberto Baratta, y con la firma uruguaya Sabrimol Trading SA., a través de la cual se canalizó el pago de sobornos.
El pedido del fiscal también comprende el procesamiento por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a los exfuncionarios Ricardo Jaime, Roberto Baratta, José López y Juan Pablo Schiavi.