Los organismos de derechos humanos de Salta emitieron un comunicado sobre el acto realizado el pasado 22 de mayo en el Batallón de Ingenieros de Montaña 5, que estuvo presidido por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini. En el texto expresaron "su más enérgico repudio a la reivindicación de la 'teoría de los dos demonios' plasmada en el homenaje a los exsoldados que participaron en el Combate de Manchalá", ocurrido el 28 de mayo de 1975, en el marco del “Operativo Independencia”.

Claudio Pasqualini durante el homenaje a los exsoldados. Foto: Archivo

El documento es firmado por las asociaciones de DDHH Lucrecia Barquet, "Coca" Gallardo, Miguel Ragone, H.I.J.O.S. Salta y la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta.

"Debemos recordar que fue en Tucumán donde se instaló el primer centro clandestino de detención de la Argentina, ubicado en la Escuela de Famaillá". También en la provincia vecina, agregan, "tuvo lugar un hecho macabro sin precedentes que es la existencia del “Pozo de Vargas” ubicado en Tafí Viejo, un enterratorio clandestino ideado por los militares en el cual arrojaron cientos de cuerpos de militantes detenidos de los cuales sólo 105 fueron ya identificados Ello representa una de las caras más cruel del terrorismo de Estado".

Desde los organismos señalaron que "en el juicio oral y público realizado en Tucumán se dieron por probados los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas por los represores y por ello fueron condenados. Las sentencias dictadas en los juicios orales y públicos son prueba irrefutable de que NO hubo una guerra, hubo un ESTADO TERRORISTA que ejerció su poder absoluto sobre una población indefensa. El Estado fue responsable del genocidio. El Estado es ahora responsable de la reivindicación de los hechos que configuran HOY ese homenaje"

Para finalizar, exigen "a las autoridades del Ejército que responden a su comandante en jefe, el presidente Mauricio Macri, el cese de la provocación a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y el respeto a las sentencias dictadas por los Tribunales Federales que condenaron a militares genocidas y a miembros de las fuerzas de seguridad por su autoría en secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bebés bajo las leyes de un Estado de Derecho".