Según un informe que presentó el domingo la ONG La Casa del Encuentro, Salta tuvo la tasa más alta de femicidios entre 2008 y 2018. Durante ese lapso, 164 salteñas fueron asesinadas. Desde enero 2008 hasta diciembre de 2018, en todo el país, 2.952 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista y 3.717 hijos e hijas perdieron a sus madres. Ayer, todo el país vivió la marcha denominada Ni Una Menos, y en Salta hubo tres movilizaciones paralelas.
La primera de las marchas se concentró sobre la avenida San Martín, antes de las 18, y se realizó desde Pueyrredón hacia la Legislatura provincial y luego hacia la plaza 9 de Julio. En el microcentro de la ciudad, y frente al Cabildo, el final de esta columna se cruzó con el grupo que se había concentrado en la plaza 9 de Julio para luego caminar por las calles España, Balcarce y Güemes, donde algunas cantaron y otras hicieron pintadas para cuestionar la labor policial en los casos de violencia de género. 
En este lugar, las manifestantes se cruzaron con una tercera columna. 
Sobre la decisión de marchar por separado, desde algunas organizaciones señalaron que la postura sobre el aborto fue el punto de inflexión. 
El primer grupo de manifestantes estaba integrado por las familias de mujeres víctimas de femicidio en Salta. Se sumaron parientes y amigos de Jimena Salas, asesinada en su casa del municipio de Vaqueros, caso por el que todavía no hay un sospechoso detenido. 
El segundo bloque de manifestantes contó con la participación de distintas organizaciones sociales de izquierda, entre ellas el Partido Obrero y grupos que reclaman por la legalización del aborto. El último bloque estuvo integrado por las militantes de Mumalá y Barrios de pie. 
En la plaza ubicada frente a la Legislatura, hubo representaciones artísticas. Varias mujeres tiradas en el piso, envueltas en bolsas negras y con pintura roja sobre el cuerpo llamaron la atención sobre los femicidios.

Entre los referentes políticos que acompañaron a una de las columnas estuvo Pablo López, quien expresó que los índices de La Casa del Encuentro dejan expuesto que la política de Juan Manuel Urtubey fue entregar la educación pública a la Iglesia, negando el derecho a la educación sexual y la prevención.
Sin agresiones, los distintos grupos se movilizaron por el centro. En la esquina de Balcarce y Santiago del Estero, los conductores y los salteños que esperaban el paso de los colectivos se mostraron sorprendidos y molestos por la hora de convocatoria, más que por el movimiento y los pedidos.
La mayoría eran estudiantes o padres que había retirado sus hijos de la escuela en el turno tarde y que esperaba saber cómo se iba a ver alterado el recorrido de la unidades de Saeta. 
También se sumó el reclamo de las referentes del grupo de mujeres trans, que alertaron sobre el incremento de travesticidios no tan solo a nivel nacional sino local. Recordaron el caso de Mirna Antonella Di Marzo, de la localidad de Güemes, quien falleció tras ser atacada a la salida de un boliche, sin que la causa judicial por su muerte haya avanzado hasta ahora. 
Entre las participantes que encabezaron la macha estuvo Mariana Leonard, víctima de violencia de género e integrante del gremio de trabajadores judiciales de la Nación, que destacó que el Estado debe creerle más a las mujeres cuando hacen una denuncia. 

Proponen crear un nuevo juzgado

“El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley de creación de un tercer juzgado de Violencia Familiar y de Género, con jurisdicción en la capital, en el marco de las acciones de protección integral de las mujeres que lleva adelante el Gobierno provincial como política de Estado”, difundieron ayer desde la Provincia. El proyecto de ley fue firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia.
Desde 2015 funcionan en Salta cinco juzgados de Violencia Familiar y de Género; dos en el distrito centro y en las jurisdicciones de Orán, Tartagal y Metán, uno en cada una.
Mediante la Ley 7.857, la Provincia creó además un cargo de fiscal penal para Violencia Familiar y de Género en el distrito centro y cinco cargos de defensores de Violencia Familiar y de Género; dos en el distrito centro y los demás distribuidos en Orán, Tartagal y Metán. Además, funcionan cuatro fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género.
En este sentido, la fiscal de Estado, Pamela Calletti, afirmó que Salta es una de las pocas provincias del país que cuenta con esta importante estructura judicial destinada a atender casos de violencia familiar y contra las mujeres.

 Reclamo por las denuncias 

En el marco del aniversario de la convocatoria de #NiUnaMenos, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), quienes destacaron la importancia de lograr un diálogo fluido entre los organismos; avanzar en la gestión de las causas de femicidios y la toma de denuncias en las fiscalías. 
El encuentro entre el procurador y las funcionarias coincidió con un nuevo aniversario de la convocatoria “Ni Una Menos”.
En ese marco, las directoras del OVcM plantearon la necesidad de que las denuncias se radiquen en las fiscalías y no en las comisarías. La presidenta, María Laura Postiglione, hizo hincapié en la importancia de la toma de denuncias por parte de las fiscalías, tras considerar que “las comisarías no son un lugar amigable cuando se trata de denunciar hechos de violencia”. 
También plantearon la necesidad de incrementar la cantidad de médicos forenses. Postiglione indicó que se debe trabajar articuladamente en la generación de pruebas en las causas de delitos de integridad sexual.