La Justicia brasileña ordenó suspender el bloqueo de recursos públicos a las universidades federales de Brasil determinado el pasado mes por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, y dio un plazo de 24 horas para que se cumpla el fallo, a partir del cual comenzará a correr una multa, se informó hoy.

La jueza federal Renata Almeida de Moura, de la séptima corte federal de Salvador (estado de Bahía) aceptó ayer una acción interpuesta por el directorio de los estudiantes de la Universidad de Brasilia (UnB), aunque la decisión todavía puede ser apelada por el Gobierno, informó este sábado la estatal Agencia Brasil.

En total, hubo ocho acciones populares y civiles públicas que fueron juzgadas después del anuncio del gobierno federal a finales del mes de abril de bloquear el 30% de los recursos públicos "no obligatorios" destinados a las universidades federales, los cuales sirven para pagar cuentas de luz, agua, servicios de limpieza y obras, entre otros, lo que representa el 3,4% del presupuesto universitario, según el gobierno.

En la decisión, la jueza da cabida a los argumentos de los reclamantes que afirman que los bloqueos promovidos este año son sustancialmente superiores a los realizados en años anteriores. "Estos varían del 6,4% en 2016 al 16,8% en 2017, el 8,5% en 2018 y, finalmente, el porcentaje muy superior del 31,4% en 2019."

La sentencia

La suspensión del bloqueo de recursos que dispuso la jueza se extenderá hasta que sea realizado un "estudio técnico y minucioso, inclusive, con la participación de los representantes de estas instituciones" que "garantice la efectividad de las normas constitucionales".

El gobierno ultraderechista de Bolsonaro, en Brasil, ha decidido recortar un 30% la inversión en Educación. La respuesta de la sociedad brasileña no se ha hecho esperar. Espectacular. pic.twitter.com/wtwjltGABz

— Antonio Maíllo🔻 (@MailloAntonio) 19 de mayo de 2019

El objetivo, señala la sentencia, no es condenar "la irresponsabilidad de la gestión presupuestaria, una vez que es deber del administrador público cumplir las metas fiscales establecidas en ley", sino asegurar que la decisión gubernamental, "especialmente en áreas sensibles y fundamentales según la Constitución Federal, tenga por base criterios amparados en estudios que garanticen la efectividad de las normas constitucionales, tales como el derecho social a la educación y la obligación de la Unión de financiar las instituciones de enseñanza federales ", dice la decisión. 

Bolsonaro declarado enemigo de la educación en Brasil: menos armas y más libros!!! pic.twitter.com/FqvRJftXjo

— maria emilia tijoux (@emiliatijoux) 19 de mayo de 2019

La jueza dio un plazo de 24 horas para desbloquear los fondos y fijó una multa de 100 mil reales al día si el Ministerio de Educación no cumple con la decisión.

La asesoría de prensa del Ministerio de Educación informó por su parte que la cartera aún no ha sido notificada sobre la decisión y que la defensa judicial es competencia de la Abogacía General de la Unión (AGU). 

La AGU, a su vez, informó a la Agencia Brasil que tampoco ha sido convocada todavía. El gobierno puede recurrir la decisión.

La decisión de congelar el presupuesto, dispuesta por el ministro Abraham Wintraub, generó las primeras y multitudinarias protestas estudiantiles en todo el país contra el gobierno de Jair Bolsonaro, el pasado 15 y 30 de mayo.

La masividad de estas protestas se consolidó luego de que Bolsonaro tildara a los manifestantes de "idiotas inútiles" e "imbéciles" al servicio de "una minoría de aprovechados que componen el núcleo de las universidades públicas".

Manifiesto de exministros

Esta semana seis exministros brasileños crearon un frente para denunciar la política educativa llevada a cabo por el Gobierno de Bolsonaro, a quien acusaron de actuar de "forma sectaria" y de encarar la educación como una "amenaza".

Los exministros José Goldemberg (1991-1992), Murílio Hingel (1992-1995), Cristovam Buarque (2003-2004), Fernando Haddad (2005-2012), Aloizio Mercadante (2012-2014) y Renato Janine Ribeiro (2015) dejaron de lado sus diferencias políticas y lanzaron en Sao Paulo un manifiesto para expresar su preocupación y "espanto" con la conducción de la cartera por parte de la actual administración.

Se acusaron al Gobierno de Bolsonaro de amenazar la autonomía académica de Brasil y de poner en riesgo los avances conquistados en las últimas décadas por diferentes administraciones, que "establecieron un consenso en torno a la educación como política de Estado".