Un incidente que protagonizaron un grupo de vecinos de la localidad de Aguaray, quienes se enfrentaron con planilleros que prestan servicios en el municipio, se produjo en horas del mediodía de ayer cuando los vecinos, entre ellos gran cantidad de mujeres, intentaron ingresar al canchón del edificio municipal para exigir que el intendente Enrique Prado deje sin efecto los contratos de locación de servicios que celebró con cuatro abogados de la capital de la provincia, dos de los cuales pertenecen a un estudio jurídico que tienen su defensa en la causa federal que lo involucra por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA.

En el incidente tuvo que intervenir personal de Infantería de la Policía de la Provincia para que las cosas no pasaran a mayores, pero algunos de los asistentes a la manifestación anticiparon que iban a insistir con el reclamo y que volverían a reunirse para pedir un encuentro con el intendente Prado, a quien le piden explicaciones por la contratación de esos cuatro letrados que residen en la capital de la provincia.

Una asamblea previa

Nicolás , un vecino de la localidad de Aguaray, precisó que "los vecinos nos habíamos autoconvocado por redes sociales porque no puede ser que este hombre que está imputado por la Justicia Federal por el robo de los 35 kilómetros de caños del GNEA nos haga pagar a los vecinos de Aguaray a los abogados que lo defienden. Tendría que solventar a todos los abogados que quiera, pero de su bolsillo. Los aguarayenses no tenemos ninguna deuda con la Justicia, la tiene él", precisó notablemente molesto.

El vecino de esa localidad explicó que "la gente se autoconvocó a las 10 de la mañana en la plaza y ahí decidimos ir a la Municipalidad para pedirle al intendente explicaciones de por qué tiene contratado al abogado Héctor Francisco Villalba en un cargo de asesor externo y que nadie sabe a qué se dedica. Pero a eso se suman otros tres abogados más: los doctores María Magdalena Rioja, José Fernando Teseyra y Esteban Federico Cardozo Pérez, todos de Salta capital, que al pueblo les cuesta una fortuna mantenerlos".

Empujones

Fernando, otro asistente a la marcha, precisó que "después de la asamblea decidimos acercarnos a la Municipalidad y la gente de Prado, que trabajan como empleados o planilleros y que estaban adentro del edificio municipal, nos cerró las puertas y el portón de acceso al canchón municipal. Ahí comenzaron los empujones hasta que llegó el cuerpo de Infantería de la Policía".

Un pueblo pobre

Otro de los vecinos que llegó a las puertas del canchón dijo: “Lo que queremos son explicaciones, porque si la Justicia no se las pide somos los ciudadanos que queremos saber el porqué tenemos que pagar tantos abogados a pesar que lo acompañan 30 funcionarios. Aguaray es un pueblo pobre, donde la gente tiene muchísimas necesidades y no puede ser que los recursos se dilapiden de esta manera”, consideró.
 

A la espera de una reunión 

Los vecinos aguardaban para ser atendidos a partir de las 20 horas de ayer por el cuestionado intendente norteño, quien está imputado por varios delitos en relación al millonario robo de 35 kilómetros de cañerías del Gasoducto del NEA, pero que sigue ejerciendo su cargo sin que hasta el momento la Justicia Federal se haya expedido respecto ni del intendente de Aguaray, ni de ninguno de los otros imputados, que fueron detenidos en otros puntos del país, donde seguían cometiendo impunemente el delito.