El barrio San Remo, en el sur de la ciudad capital, se convirtió en una zona de enfrentamiento constante entre pares, con realidades diversas, como una consecuencia de la ausencia del Estado como proveedor de soluciones y de derechos constitucionales.
Con la mirada puesta en la cuestión de fondo las organizaciones de derechos humanos de Salta se encuadran dentro de la mirada de las nacionales.
“Nosotros nos oponemos a todo lo que se denomina linchamientos, a la llamada justicia por mano propia y le exigimos al Estado que se hagan respetar las garantías constitucionales y a respetar la leyes vigentes. Sabemos que hay serios problemas en la Justicia, pero es ahí a donde debemos reclamar. Estos conceptos son firmes en la Mesa de Derechos Humanos de Salta, siguiendo además a las organizaciones nacionales de DDHH”, dijo Nora Leonard, la referente de la agrupación “Lucrecia Barquet”.
La argumentación falaz que esgrimen quienes justifican los linchamientos es que son producto de la disfuncionalidad del sistema judicial; que la ciudadanía está “agotada”, “harta”, por la situación generalizada de inseguridad, y entonces se “hace justicia por mano propia”.
“Los familiares de víctimas y desaparecidos por el terrorismo de Estado tenemos toda la autoridad moral para decirle a la sociedad que nos oponemos a los linchamientos y que el mejor camino es buscar el camino en la Justicia. Nosotros con años de paciencia logramos que la causa por la masacre de Palomitas llegue a un juicio. Si vemos que hay una Justicia lenta tenemos que apurar a la Justicia; ese es el camino”, dijo Leonard.

Del lado más técnico del derecho, la abogada María José Castillo, querellante en causa por delitos de lesa humanidad tiene una mirada más práctica de la cuestión. “Los linchamientos anulan el Estado de derecho, es una cuestión del ojo por ojo, y al final no se resuelve el conflicto por se genera más conflictos. Las venganzas, la mal llamada justicia por mano propia vulneran los derechos humanos y la organización democrática. La base de nuestra organización como sociedad es que el único que puede definir quién es un delincuente es el Estado, quien es además es el encargado de garantizar los derechos. El Estado puede resolver multas, penas y hasta la quita del derecho elemental que es la libertad; y en donde se procura que las partes tengan todos sus derechos y que se resuelva el conflicto. Todo lo demás genera más conflicto y no hay justificación para un linchamiento. El que lincha se convierte en un delincuente porque es un delito contemplado en la ley penal. Otra cosa muy diferente es la legítima defensa”, dijo Castillo.

Es importante resaltar que cuando se justifica un linchamiento por catalogar de “delincuentes” a las víctimas de dichos actos, se está justificando un acto criminal y una grave violación a los derechos humanos. El linchamiento atenta no sólo contra el derecho a la vida e integridad de la víctima, sino contra los derechos a la presunción de inocencia y vulnera las garantías del debido proceso que están contempladas en la Constitución nacional. Los medios de comunicación deben contribuir a que los linchamientos no sean interpretados como actos de “justicia popular”, “justicia por mano propia”, insistiendo en que son inaceptables en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática.
Tanto Leonard como Castillo aseguran que el camino es exigir al Estado la presencia y la solución a la cuestión de fondo que son las políticas integrales que aseguren vivienda digna para todos los ciudadanos, salud, seguridad, etc.
“Entendemos que el crimen de Abigail (en Tucumán) es aberrante por donde se lo mire. Pero el realizar un linchamiento, y que nada pase, demuestra la ausencia de la Justicia y es doblemente aberrante que pase eso porque todo se convierte en la ley de la selva ante la ausencia del Estado”, concluyó Nora Leonard.