El Senado sancionó por unanimidad la ley que dispone la prórroga de la emergencia sociosanitaria por seis meses más en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.
El proyecto de ley, que pasó al Ejecutivo para la promulgación, también faculta al Ejecutivo provincial a ampliar por decreto la situación de urgencia por otros 180 días más.

La prórroga mantiene el objetivo de abordar la crítica situación sociosanitaria por la que atraviesa la población en los tres departamentos, en particular de aquellos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Así lo señaló el gobernador Gustavo Sáenz en el mensaje que adjuntó al proyecto de ley que envió a la Legislatura y que había obtenido el martes último la media sanción de la Cámara de Diputados.
El senador Manuel Pailler recordó que la emergencia fue declarada a principio de este año por la crisis sociosanitaria que registra al norte y que hizo pico con la triste y lamentable muerte de varios niños de la comunidad wichi de Rivadavia a causa de la desnutrición.

Tras señalar que después llegó la pandemia de coronavirus y toda la atención se centra en atender las consecuencias de la temible enfermedad, consideró que no cumplieron todavía las metas y los objetivos que llevaron a decretar la emergencia.

• “Seguimos teniendo el problema de la desigualdad, de la desnutrición, de la mortalidad, de la violencia intrafamiliar”, detalló el senador por San Martín, quien además sumó la falta de solución de las tierras para las comunidades aborígenes.
• Sobre este último punto, enfatizó que los desmontes cada vez se van ampliando más y “corren y arrinconan” a estas comunidades contra los cordones periféricos que crecen en las ciudades a través de villas o asentamientos.

Ante este crítico panorama, Pailler consideró necesario que se mantenga el estado de urgencia para tratar de brindar las respuestas necesarias y pidió que se tenga en cuenta que en el norte salteño se mantiene al acecho el dengue, otra enfermedad que “vino para quedarse”.

La emergencia en los tres departamentos del norte fue declarada por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en enero de este año, por seis meses, luego del fallecimiento de seis niños indígenas por desnutrición y por la situación de riesgo de esa franja.

El DNU se convirtió en la ley 8185 y luego la urgencia fue prorrogada por tres meses más a través del Decreto 443/2020, plazo que finaliza este mes.
La medida fue adoptada para cubrir las necesidades de alimentación, salud y la dotación de agua segura de los pobladores de esas zonas del norte provincial.
Desde el Gobierno se señaló que pese a los enormes esfuerzos efectuados, la crítica situación de la zona se vio profundizada por la pandemia de Covid-19, resultando esa zona una de las más afectadas de la provincia, situación que conlleva al Estado a ahondar las medidas que se venían impulsando.
La imperiosa necesidad de prorrogar el estado de emergencia sociosanitaria fue fundamentada por el Gobierno para continuar implementando políticas públicas tendientes a la asistencia de sectores que atraviesan "una situación de mayor vulnerabilidad, en especial las comunidades indígenas, pues en ellas ha impactado con mayor gravedad la crisis".
Plasma
El Senado, que sesionó ayer con unos 9 legisladores en el recinto y otros 9 en modo virtual, también sancionó la ley que establece que el Estado tomará a su cargo todo arancel o facturación por servicios conexos para la aplicación de plasma.
Estos servicios comprenden uso de material para extracción, envasado y distribución del plasma convaleciente para el tratamiento de la COVID-19 por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la ley 8188. 

La ley fue impulsada en la Legislatura luego de que tomara estado público la pretensión de un centro privado de cobrar 30 mil pesos por aplicar plasma que el Centro de Hemoterapia provee sin costo para tratar a infectados por Covid-19. Este tema es investigado por la Justicia provincial y hasta el momento se dictaminaron imputaciones a dos profesionales médicos.

Como miembro informante del proyecto, el senador y médico Manuel Pailler, puntualizó que la situación de pretender cobrar el plasma fuera de toda norma arancelaria se hizo pública y subrayó que la donación es voluntaria y un acto de solidaridad para quien lo necesita.
La ley, que ahora será promulgada por el Ejecutivo, también determina que el Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación de la ley provincial 7854, de donación de sangre voluntaria, firme convenios con plantas de hemoderivados del sector privado con el objeto de proveer los insumos necesarios para el procesamiento y distribución del plasma convaleciente COVID-19 destinado a los pacientes hospitalizados en el sistema sanitario público y privado de la provincia.
Vuelven al recinto
A partir del próximo jueves, los senadores volverán a sesionar en el recinto de la Legislatura provincial, con todas las medidas de bioseguridad, siempre y cuando la actividad no contraponga decisiones sanitarias, anunció el vicegobernador y titular natural del Senado, Oscar Marocco.