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Valeria Montenegro, esposa de Mauricio Valdez, deberá esperar para cobrar el dinero dispuesto por la Justicia. Pablo Yapura
Los familiares de Valdez, Ferreyra, Albarracín y Vilte no están conformes con la sentencia del juicio. Aseguran que: No se hizo justicia.
24 DE Febrero 2020 - 01:58
Los familiares de los cuatro brigadistas que murieron calcinados en un voraz incendio ocurrido en Guachipas hace cinco años interpusieron recursos de casación a la sentencia del juicio. Buscan anularla. La consideran incorrecta y aseguran que "no se hizo justicia". También apeló el fallo la Fiscalía de Estado.
El 8 de noviembre de 2019 el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a Víctor César Dagún, exfuncionario de Defensa Civil, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años para ejercer funciones públicas por el delito de incumplimiento de los deberes. Además, absolvió por el beneficio de la duda a los exfuncionarios Víctor Ola Castro y Roberto Durnelli. También condenó al Estado provincial a pagar por la muerte de Mauricio Miguel Valdez, a su concubina Valeria Montenegro y sus tres hijos: una adolescente de 13 años, una niño de 10 y una niña de 5, la suma de nueve millones de pesos en concepto de reparación por daño material y moral, con intereses contados a partir de la fecha. En una línea similar, sentenció a la Provincia a pagar por la muerte de Matías Daniel Vilte, a su madre Rossana del Valle Chaves, la suma de seis millones de pesos. Por último, rechazó la demanda civil en contra de los tres imputados.
Sin el pago
"El pedido de casación es porque la Provincia no nos abonó, es decir, apeló la suma de dinero con la cual nos tienen que indemnizar. Todavía no tenemos novedades. Sabemos que posiblemente lleve meses hasta un año el tema del pago y también solicitamos una audiencia con el gobernador, Gustavo Sáenz, pero hasta el momento no tenemos respuesta", explicó Valeria Montenegro, esposa del brigadista fallecido Mauricio Valdez. La mujer, junto con Rossana del Valle Chaves, la madre de otro de los brigadistas fallecidos, Matías Vilte, fueron quienes presentaron uno de los recursos extraordinarios, en calidad de querellantes y actoras civiles. Las representan legalmente los abogados Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia
Montenegro añadió que espera una respuesta favorable. "En mi caso particular, estoy pasando un momento difícil junto a mis tres hijos. Necesito que esto se resuelva pronto. Siento desesperación porque nuestra situación económica es muy mala", expresó.
En tanto, Omar Valdez, padre del brigadista, manifestó: "Después del juicio hice de todo para que esto vaya a casación. Hablé con los abogados, hice los trámites. Pedimos que se condenen a los imputados por homicidio culposo y no por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos conformes con la condena que le dieron a Dagún y la absolución a los otros dos imputados. Queremos que se los condene a los tres por homicidio culposo".
Agregó que un fallo adecuado, a su criterio, sería de cuatro o cinco años de prisión como mínimo. "Hubo cuatro muertes. No ha sido un incumplimiento, un tema de expedientes nada más", destacó.
"Mis nietos están muy ajustados en la parte económica porque el único ingreso que tienen es el de mi nuera que trabaja como ordenanza en una escuela. Con esa plata tienen que afrontar todos los gastos: desde pagar la casa, impuestos, la vestimenta de los chicos, alimentación y muchas otras cosas así que están bastante complicados. Encima ahora se viene el comienzo de clases por lo que tendrán más gastos. Mi nieta más grande entra a la secundaria, a una escuela técnica y necesita útiles y materiales", aseguró.
Omar expresó que extraña a su hijo fallecido. "Él era mi compañero. Estaba en todo conmigo. Era como mi sombra, donde yo iba el estaba. Siempre ha estado a mi lado. Me hace una falta tremenda mi chango", contó entre lágrimas.
El hombre, junto con Olga Graciela Fabián, esposa del brigadista fallecido Víctor Ferreyra y Pedro Albarracín, padre del brigadista Martín, presentaron otro de los recursos, con la representación legal del abogado Rodrigo Franco Anachuri.
"Le echaron la culpa a mi marido"
"Todos los familiares pedimos justicia por ellos. Durante el juicio le echaron la culpa a mi marido por ser el jefe de cuadrilla cuando él nunca tuvo un curso al respecto. Él perdió la vida junto a sus compañeros y no pueden echarle la culpa a un muerto. Siempre lo han culpado. No es posible", expresó Olga Fabián, esposa del brigadista fallecido Víctor Ferreyra.
La mujer dijo que estos años fueron muy duros para ella y su hija, de siete años. "Estoy sola con mi hija. Ella tenía tan solo dos añitos cuando su papá falleció. La mantengo con el trabajo que nos dieron. Estoy en el Ministerio de Educación. Queremos que paguen por lo que pasó. Esto no puede quedar impune. Hay culpables y son los que eran jefes de Defensa Civil", hizo hincapié.
Por su parte, Pedro Albarracín, padre del brigadista Martín, señaló: "El fallo dejó mucho que desear. No estamos de acuerdo. Hay muchas irregularidades. Fue un error mandar a los muchachos a Guachipas. No estaban capacitados. Queremos que se revea el caso. Necesitamos una condena ejemplar. Hubo mentiras y se trató de tapar la verdad".
Imágenes, prueba fundamental
Imágenes, prueba fundamental En el juicio no se presentaron ni las imágenes de cómo murieron los muchachos. Esa es una prueba fundamental. Hubo falencias en la indumentaria de ellos, dijo Pedro Albarracín, padre de Martín, el brigadista fallecido. Y recordó a su hijo. El no fumaba, ni tomaba. Era muy reservado con sus cosas y emprendedor, recalcó.Vamos a esperar la resolución del juez. Esperamos que se haga justicia realmente de una vez por todas porque no queremos que se vuelva a repetir lo mismo, finalizó. Por otro lado, en representación de la Fiscalía de Estado, apelaron la sentencia los abogados Alberto Daud y Pablo Cuellar Medina. Los tres recursos de casación deberán ser analizados por los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación. Estos fueron presentados ante el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, que ordenó la elevación y radicación ante el tribunal revisor.