La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que en la actualidad hay 968 condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar, mientras que 592 causas continúan abiertas y 3.315 personas son investigadas en relación a estos delitos.

Se trata del informe que con motivo del 24 de marzo es difundido por la Procuraduría que encabeza la fiscal María Ángeles Ramos y que fue publicado por el sitio Fiscales, dependiente del Ministerio Público. El relevamiento consignó que existe un descenso en cuanto a la cantidad de personas que están detenidas durante el curso de las investigaciones, al destacar que son 913 los imputados que se encuentran en esta situación.

Estos datos son anteriores al decreto 260/20 de ampliación de la emergencia sanitaria como consecuencia del coronavirus, a partir del que muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario.

En suma, el 47% del total de 3.161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1.563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

Con respecto al estado de las investigaciones, el estudio mostró que, de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y solo el 3% está actualmente en juicio oral (20).

"Los datos muestran que la mayoría de las causas se encuentran en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial y que hasta la fecha solo 20 causas se encuentran en instancia de debate oral y público", remarcó la información que acompaña la difusión de estos índices.

El documento reveló que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 913 a marzo de este año.

Represores

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó ayer la posibilidad de que a los represores presos mayores de 60 años se les otorgue prisión domiciliaria, debido a la propagación del coronavirus, en tanto que destacó los esfuerzos del Gobierno nacional para mitigar la propagación del virus, al considerar que "es una desgracia casi con suerte".

"Es una desgracia casi con suerte, porque teniendo un gobierno que se involucra, nos garantiza que muchas vidas se van a salvar", dijo Carlotto en declaraciones a radio El Destape, en las que afirmó: "Si hubiera estado el gobierno anterior no sé cuantos moriríamos, no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien".

En tanto, ante una consulta, la dirigente de derechos humanos rechazó el pedido de prisión domiciliaria que realizaron las defensas de varios represores de mayores de 60 años, para evitar que se contagien el virus en la cárcel.

"De ninguna manera queremos domiciliaria para los genocidas por el coronavirus, son presos más peligrosos que los otros presos, que están algunos sin condena en cárceles que realmente no dan abasto", dijo Carlotto.

"El delito de lesa humanidad no tiene ningún tipo de prebenda ni de derecho a modificar su situación. Los genocidas quieren producir lástima, hacerse los viejos. Son viejos pero peligrosos, porque no olvidan. Y lo dijeron ante la Justicia: no se arrepienten, lo volverían a hacer si fuera necesario", dijo. En cuanto a la conmemoración de ayer, Carlotto señaló que "este año nos encuentra con una situación de emergencia enorme y hay que cumplirla a rajatabla, que es la reserva en nuestros hogares" y adelantó que, por la tarde, se difundirá un pronunciamiento grabado en la voz de referentes de cada uno de los organismos de derechos.

Finalmente, sobre la posibilidad de decretar el estado de sitio para mitigar la propagación del virus, Carlotto señaló que se trata de una medida muy seria, recordó que "se ha impuesto en momentos muy tristes de nuestra historia".