Parece no importarle la situación que lo involucra, pero el ingeniero Enrique Prado no solo está imputado por la Justicia Federal junto a otras dos personas -su exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario Diego Alós- por el delito de defraudación a la administración pública.

Y esa carátula podría agravarse ya que 3 o más personas que se unen para cometer un delito pueden ser acusadas de asociación ilícita, que tiene una pena privativa de la libertad.

Por eso, mañana martes los ediles de Aguaray, a quienes Prado "puenteó" con la resolución N´ 1215/2020 que lleva su firma y la de su exsecretario de Hacienda Freddy Céspedes, se reunirán en sesión especial para iniciar la comisión investigadora, el juicio político y el proceso de destitución.

La aludida resolución otorgaba los permisos para sacar los caños del GNEA (Gasoducto del NEA), con el argumento de que contaminaban, a la empresa mendocina OCIC SA.

Para conformar la comisión los ediles requieren juntar 4 de los 7 votos que conforman la totalidad del cuerpo, y todo indica que ya los tendrían. Lo que sigue, según la carta orgánica municipal, es otorgarle 30 días hábiles a Prado para que haga su descargo, ejerza su legítima defensa y a partir de allí los concejales votarán si queda absuelto o si es destituido, para lo cual deberán reunir 5 votos.

Prado puede perder no solo la Intendencia, que ocupa desde el pasado 10 de diciembre, sino también su posibilidad de volver a ejercer un cargo público y también su propia libertad. "Estamos trabajando, estamos gestionando, agradezco el apoyo de las autoridades provinciales y de la comunidad", se lo escucha decir en los mensajes por sus redes sociales.

Su exsecretario de Hacienda, Céspedes, por su parte, quien con su firma refrendó la resolución autorizando el retiro de 35 kilómetros de caños del GNEA que se encontraban en jurisdicción del municipio de Aguaray dos días después de haber asumido ambos, contrató para su defensa al abogado de Tartagal Sergio Heredia.

Este letrado recorre los programas de radio y televisión norteños relatando con lujo de detalles la investigación de El Tribuno por el robo del gasoducto del NEA como si la hubiera hecho él mismo, pero nada dice de por qué su defendido firmó dicha resolución autorizando, junto a Prado, un daño patrimonial multimillonario para las arcas del Estado nacional, que es el propietario de los caños, aunque la obra estaba a cargo de la constructora Vertúa S.A. Heredia tampoco aclara que, si bien renunció al cargo político, Céspedes sigue trabajando en el municipio aguarayense como personal del planta de Hacienda.

Según Prado, sus defensores en la causa federal que lo involucra son dos letrados de la capital provincial, que son en realidad asesores legales del municipio, ya que quien ocupaba ese cargo, Pedro Oscar Guillén, renunció a las pocas horas del primer informe de El Tribuno, aún antes de que la Justicia Federal tome cartas en el asunto.