El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad que informen si durante el gobierno de Mauricio Macri se adquirieron equipos de “intercepción” de correos electrónicos y de mensajería instantánea, algo que está vedado por la Ley de Inteligencia.

Cristina Caamaño, titular de la AFI

El magistrado envió sendos oficios a ambas dependencias del Estado en el marco de la causa en la que se investiga el hallazgo de un disco rígido en la AFI, en el cual se encontraron los supuestos rastros de correos electrónicos interceptados de dirigentes políticos y periodistas, según trascendió hoy.

El juez pidió que se informe si a partir del 10 de diciembre de 2015 la AFI o el Ministerio de Seguridad adquirieron “equipamiento para interceptar comunicaciones electrónicas” y que “en caso positivo”, se especifique “si se han expedido certificaciones de usuarios habilitados para su uso”.

Días atrás Martínez de Giorgi había ordenado que se realice un peritaje sobre el disco rígido hallado en la AFI al hacer lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien impulsó la investigación de la denuncia presentada por la interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, e imputó al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de ese organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Caamaño denunció a la administración anterior de la AFI por hechos de presunto espionaje ilegal, a partir del hallazgo de un disco rígido marca Western Digital que habría sido borrado. De esa información recuperada surge la hipótesis, llevada a la Justicia por la actual gestión de la AFI, de que se produjo inteligencia clandestina a través de la intervención de correos electrónicos de dirigentes políticos y opositores.

La medida dispuesta por el juez de la causa podría generar que se ampliara la cantidad de imputados si surgiera que el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Patricia Bullrich, adquirió los equipos prohibidos.

Patricia Bullrich