La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de Aguaray que busca determinar las responsabilidades del intendente Enrique Prado en el robo de los 35 kilómetros de caños del gasoducto del GNEA se reunirá hoy para emitir dictamen y, eventualmente, mocionar la destitución del jefe comunal de esta localidad.

Cabe recordar que Prado ya fue imputado por la Justicia Federal por el delito de fraude a la administración pública.

Los ediles de Aguaray conformaron el pasado 2 de junio la comisión que investiga la conducta de Prado y transcurridos 30 días hábiles, como lo establece la Carta Orgánica Municipal, debe emitir dictamen absolviendo o destituyendo al intendente.

Pero los ediles opositores no reúnen los dos tercios de manera que la decisión esta prácticamente cantada: si bien 4 ediles de la Agrupación Democrática comunal votarán a favor de la destitución, los otros tres, oficialistas, posiblemente no se presenten a la sesión del cuerpo por tanto no contarán con los 5 votos necesarios.

De los siete integrantes del cuerpo, tres son los ediles incondicionales al intendente Prado. El director de la escuela Técnica 3.120, Raúl Padilla y los docentes Marinés Sarzuri y Sergio Nieva.
 

Como se sabe, Prado, a menos de 2 semanas de haber asumido en el cargo, el 23 de diciembre de 2019 emitió una resolución municipal que lleva su firma y la de su entonces secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, (ahora renunciado) autorizando a que una empresa de Mendoza retire 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA, con el argumento de que los caños colocados bajo la superficie producían contaminación ambiental.

La resolución nunca fue consultada ni acordada con el cuerpo deliberativo que tomó conocimiento de la misma en el mes de febrero cuando El Tribuno publicó un pormenorizado informe.

En el mismo se detallaba la maniobra de sustracción de cientos de caños de alta presión, luego de que fuera descubierta por el secretario de Asuntos Municipales del Gobierno provincial, Adrián Zigarán.

Se conoció que Prado contrató un asesor, sin título profesional, de Salta, al que se le asignó un vehículo, viáticos y hospedaje en Aguaray, más honorarios, sin cargo en el organigrama municipal.
 

El tema -con mucha lentitud- llegó meses después a la Justicia Federal, la que imputó a Prado y a su secretario de Hacienda, el delito de fraude a la administración pública.

Los caños, valuados en unos 300 millones de pesos, representaron un perjuicio de ese monto para las arcas del Estado nacional como propietario del gasoducto del NEA.

La obra está suspendida desde hacía dos años y estaba adjudicada a Vertúa S.A.

Si bien el delito pesa sobre los dos funcionarios, la Justicia Federal se encuentra investigando el hecho y logró recuperar unos 57 caños que habían sido trasladados hacia otras zonas del país. Valiéndose de la resolución que lleva la firma de Prado el traslado de los caños, que se realizó en camiones de gran porte, no tuvo mayores inconvenientes hasta que la maniobra tomó estado público.

El rol del Concejo Deliberante

Cuando los ediles tomaron conocimiento de la situación y después de dos meses por las restricciones impuestas por la pandemia, decidieron conformar una comisión investigadora y darle a Prado la posibilidad que explique el porqué de esa maniobra millonaria en perjuicio del Estado nacional, que le valió una imputación en la Justicia Federal.

La comisión emitirá dictamen hoy, pero se descuenta que solo asistirán los 4 ediles opositores, no así los tres concejales y docentes que responden incondicionalmente a Enrique Prado. 

Pero ni Prado ni ninguno de los funcionarios que lo acompañan en la gestión se presentaron a brindarle al cuerpo ningún tipo de explicación y en un "ninguneo" total ni siquiera justificaron sus ausencias ante cada citación a las reuniones de la comisión investigadora.

Los tres ediles del oficialismo tampoco asistieron a las reuniones de la comisión investigadora y, por el contrario, siempre acompañaron al cuestionado intendente Prado.

La semana anterior, según explicó el vicepresidente del cuerpo, Juan Sarzur, "le dimos los últimos 9 días hábiles al intendente para que responda las preguntas que esta comisión tiene para formularle y que pasan exclusivamente por los motivos que lo llevaron a sancionar esa resolución con la que autorizó que se lleven los caños del gasoducto del NEA". "Si bien por los medios dice que quiere aclarar todo no se presentó él ni ningún funcionario. No obstante le otorgamos 9 días más para que responda pero tampoco lo hizo", agregó el edil.

Sarzur reconoció que "de los 7 miembros del cuerpo, 3 son oficialistas, por lo que no tenemos mayoría (los 4) para tomar ninguna decisión. Pero tenemos la obligación de controlar al Ejecutivo, conformar la comisión y emitir dictamen. Si el oficialismo no acompaña es tema de ellos", consideró.