A dos semanas de que cierre el plazo del canje, la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera tiene un final incierto. Los tres grupos de acreedores se unieron esta semana para presentar una nueva contraoferta al Gobierno que, aseguran, se acerca mucho a la oficial, pero en el Ministerio de Economía insisten con el mensaje de que no habrá mayores cambios -excepto algunas cuestiones legales- y que la propuesta financiera formalizada el 6 de julio ante la Securities & Exchange Commission (SEC) es la última.

• Esta idea fue transmitida a través de varios voceros oficiales en los últimos días -mediante Twitter y declaraciones televisivas- y ayer nuevamente fue ratificada por el presidente Alberto Fernández en la charla que dio en el Council of the Americas. Remarcó que la Argentina no puede pagar más y les pidió a los acreedores que sean comprensivos y que ayuden al país a salir de la postración.

¿Habrá una nueva concesión por parte del Gobierno luego de semejante exposición en sentido contrario? En principio, todo indicaría que de la última propuesta no se moverán, pero los analistas no descartan que al final del día haya una última propuesta mejorada.”Siempre en una negociación, a diez minutos de cerrar estás confrontando. Pero confío en que va a mandar la racionalidad”, dijo ayer ante empresarios del sector de la indumentaria el economista Emanuel Alvarez Agis.

Mientras tanto, desde el Comité de Acreedores -el grupo más allegado al Gobierno- aseguraron que se sumaron a la nueva contrapropuesta con los grupos Ad Hoc -liderado por Blackrock- y Exchange Bondholders debido a que los bonistas más duros “aceptaron hacer una oferta con la misma estructura de bonos que la propuesta oficial. Hacer que presenten esta alternativa fue un gran logro y un gran esfuerzo”, dijo una fuente del ACC.

• Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de US$ 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó la fuente.
• Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5% del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.

Lo que esperan los acreedores es que el Gobierno acepte sentarse a negociar nuevamente sobre la base de la nueva contraoferta y aseguran que si llegara a aumentar un punto de VPN -la vigente tiene un valor de USD 53,5, a una tasa de descuento del 10%-, habría acuerdo, y ello implicaría apenas 0,15% del producto.

El inversor Hans Humes, de Greylock, anunció esta semana que aceptó la oferta vigente de la Argentina y se retiró del Comité de Acreedores (ACC).De todos modos, las mayores trabas a un acuerdo -aún si no se modificara al VPN- son algunas cuestiones legales, como por ejemplo la cláusula de reasignación que el Gobierno incluyó en la oferta y que le permitiría acceder a las mayorías excluyendo las series con las que no puede alcanzar el objetivo. Lo que quieren los bonistas es que esa posibilidad tenga límites en la cantidad de series que pueden reasignarse.

También cuestionan la estrategia Pac-Man, que es la posibilidad que tiene el Gobierno de ir arrastrando holdouts en futuras ofertas que mejoren marginalmente la propuesta anterior. Y por último, la propuesta oficial establece dos condiciones para alcanzar el umbral mínimo necesario para que el canje sea válido: conseguir el aval del 66,6% de todos los títulos elegibles, o el 50% por indenture (del 2005/10 y del 2016). Los bonistas también pretenden que el porcentaje del 50% sea superior.

El Gobierno está dispuesto a modificar el prospecto de la oferta vigente para autolimitarse en el uso de la cláusula de reasignación y el Pac-Man, pero espera un “anclaje” internacional para avanzar. Por eso, no sería extraño que el plazo de la oferta se extienda más allá del 4 de agosto, ya que si la Argentina incorpora un cambio, deberían correr nuevamente los días mínimos que deben tener los acreedores para decidir.

Fuente: por Natalia Donato para Infobae