En una audiencia sin precedentes, la Unidad Fiscal Salta y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal formalizaron y ampliaron ayer las imputaciones a nuevos acusados por el robo de caños del Gasoducto NEA.

El fiscal general Eduardo José Villalba encabezó la actuación conjunta ante el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, con la formalización de cargos contra Matías Rossi, titular de la empresa CoMarfil, con sede en la localidad bonaerense de Quilmes.

Villalba, junto a la fiscal auxiliar, Roxana Gual, imputó a Rossi los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su participación en el robo de al menos 52 caños del gasoducto que fueron secuestrados el pasado 5 de junio en un predio de la firma.

Por la maniobra, el fiscal general del distrito amplió los cargos por fraude a la administración pública en contra del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Marcelo Céspedes. Ambos ya habían sido imputados el 18 de mayo último, aunque no por el hecho que se verificó con posterioridad.

En la audiencia, que se realizó por videoconferencia con la participación de los acusados, sus defensores y del abogado Sebastián Smith, como querellante por el Estado nacional, Villalba detalló las pruebas y ratificó la responsabilidad de Prado, Céspedes y Rossi. Al describir las maniobras, el fiscal remarcó que "todos los caminos conducen a Prado", ya que posibilitó la desafectación de los caños con una resolución municipal que sirvió de aval para el saqueo de los tubos.

En ese contexto, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto a Prado, como así también que se le prohíba salir del país. El intendente, de acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación que se inició en febrero, tras el secuestro de cargamento de caños concretado por Gendarmería en Aguaray, propició la extracción ilegal realizada por la empresa mendocina OSYP SA, con la excusa de que causaban un grave daño al ambiente. Y lo hizo desde su condición de ingeniero ambiental.

En una primera audiencia, Villalba ya había imputado a Prado, Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de OSYP SA, el delito de fraude.

Segundo hecho

El fiscal José Luis Bruno, de la sede descentralizada de Orán, siguió con la acusación e imputó por robo calificado a cuatro implicados. Se trata de Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la empresa MyP (ex-Weatherfor).

Según Bruno, los acusados participaron de las maniobras descubiertas el 14 de abril pasado, en General Mosconi, con el secuestro de 170 caños que habían sido extraídos en el paraje El Desemboque. El fiscal de Orán recordó que, tras demorar dos camiones cargados con tubos en un comedor de la zona, efectivos de Gendarmería detectaron dos equipos más con caños saqueados.

Refirió que todas las maniobras, además de los remitos utilizados, tuvieron como común denominador a la resolución 1.215, que Prado dictó el 23 de diciembre de 2019, pocos días después de asumir como intendente de Aguaray.

Tercer hecho

Por su parte, el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, puso el foco en la acusación penal que pesa sobre Miguel Ángel Cuéllar y Oscar Dante Rodríguez. En este punto, el representante del Ministerio Público Fiscal también amplió la imputación a Prado por fraude a la administración pública.

En este caso, la acusación penal se centró en un hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2019 en la localidad de Alto La Sierra. Ese día, policías de la zona sorprendieron a Cuéllar, un chofer de Salvador Mazza, con 14 caños transportados en un colectivo adaptado para el transporte de carga.

Cuéllar señaló como su contratante a Rodríguez, un vecino de Aguaray, quien negó toda participación en el saqueo, aunque posteriormente se pudo establecer que mantenía un vínculo laboral con el intendente Prado. Esta relación se confirmó luego de que el caso, investigado inicialmente por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pasará a la sede fiscal federal de Tartagal. En esas actuaciones se recuperaron 77 caños que habían sido extraídos en El Desemboque.

Planteos defensivos rechazados

Tras la ampliación de los cargos por el robo de los caños del Gasoducto NEA, los acusados, con excepción de Freddy Marcelo Céspedes, negaron los hechos y se remitieron a los descargos que habían presentado con anterioridad.
El secretario de Hacienda de Aguaray insistió en su inocencia y descargó toda la responsabilidad sobre el intendente Jorge Enrique Prado.
El abogado Fernando Teseyra, defensor del jefe comunal de Aguaray, planteó la nulidad de la acusación realizada respecto a la vinculación de Prado con el acusado Oscar Rodríguez.
El letrado también se opuso al pedido del fiscal Eduardo Villalba en relación con el levantamiento del secreto bancario y fiscal del intendente.
Al solicitar el rechazo de los planteos, el fiscal afirmó que el pedido de nulidad carecía de fundamentos y que solo expresaba un desacuerdo de la defensa, mientras que con respecto al secreto bancario subrayó que los bolsillos del funcionario público deberían ser de cristal, por lo que no habría razón para negarse a la medida solicitada.
Ante ello, el mismo Prado pidió la palabra y accedió a que sus cuentas bancarias sean revisadas por la Justicia.
El juez Montoya, en el cierre de la audiencia ayer, dio por formalizadas y ampliadas las imputaciones que presentó el tridente fiscal y rechazó la nulidad requerida por el defensor de Prado.
Entre los implicados, resalta el mendocino Adrián Antonio Vera. Tiene orden de captura y permanece prófugo. Desde 2018 viene robando caños de gasoductos y camionetas 4x4 en distintas provincias. Con solo 26 años de edad tiene una insólita marca personal de estafas y saqueos de gasoductos en La Pampa, Santa Fe, Chubut, Catamarca, Buenos Aires y Salta. En Mosconi dejó otro tendal de estafados en abril.