Bolivia vivió hoy otra jornada de protestas contra la nueva postergación de las elecciones generales, que incluyeron bloqueos de calles y de accesos a varias ciudades y un cacerolazo ante la sede de la autoridad electoral, informó la prensa internacional.
En ese contexto, el gobierno interino y partidos opositores, incluido el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, volvieron a culparse por algunos episodios de violencia que dejaron varios heridos y detenidos.

Las protestas se suceden desde la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara un nuevo aplazamiento de los comicios, del 6 de septiembre al 18 de octubre.

Las elecciones para designar presidente, vicepresidente y legisladores habían sido programadas originalmente para el 3 de mayo y fueron postergadas, en principio hasta septiembre, debido a la pandemia de coronavirus.

Los manifestantes reclamaron que se mantenga la fecha de septiembre y acusaron al Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez de aplazar los comicios para permanecer en el poder.

El Gobierno denunció que las protestas configuran un “gravísimo atentado contra la salud” al no respetar la prohibición de concentraciones dispuesta con el fin de contener la propagación del coronavirus, y que los bloqueos impiden el transporte de insumos médicos necesarios para atender a enfermos de Covid-19.

La Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizadoras de las protestas, exhortó a los manifestantes a que permitan el paso de ambulancias y vehículos de transporte de insumos médicos, pero advirtió que las demostraciones contra el Gobierno y el TSE continuarán.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que el responsable de la decisión sobre la fecha de los comicios es el TSE y no el Ejecutivo, y afirmó que durante las protestas hubo heridos y detenidos, aunque no precisó cuántos, mientras la Defensoría del Pueblo reportó al menos siete arrestados, entre ellos un menor.

En tanto, el MAS denunció “la violenta represión policial” en lo que consideró un “uso desproporcionado de agentes químicos” contra manifestantes, según la agencia de noticias EFE.
En ese contexto, el Ministerio de Planificación anunció hoy la renuncia de su titular, Carlos Díaz, quien llevaba dos semanas con licencia por enfermedad sin que se informara el diagnóstico.

Además de por las protestas opositoras, el gobierno interino está jaqueado por el coronavirus -que contagió a Áñez, a 11 de sus 17 ministros y otros altos funcionarios-, que tiene al país como uno de los de mayores tasas de contagios por cantidad de habitantes.