El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dejará hoy su cargo para asumir como nuevo ministro de Seguridad en reemplazo de Juan Manuel Pulleiro. El exjuez federal y de Corte, un doctor en Ciencias Penales con más de 34 años de trayectoria académica y jurídica, adelantó a El Tribuno los ejes que tendrá su nuevo desafío en la función pública. En los últimos días dejó en claro que mantendrá secretarios y autoridades policiales, pero anticipó que habrá cambios sustanciales en las actuaciones preventivas, la atención de las denuncias y las respuestas del sistema de emergencias 911. 

¿Cuáles son los desafíos con los que iniciará su gestión al frente del Ministerio de Seguridad?

Quisiera aclarar primero que el tema de la seguridad volvió a estar dentro de la agenda nacional, ahora en segundo lugar después de la inflación. Se da la particularidad de que esta semana, por ejemplo, habrá cambios de ministros de Seguridad en Santa Fe, Tucumán, Jujuy y Salta. Esto nos está marcando la magnitud del problema y la inquietud ciudadana que existe al respecto. Por eso es que hemos aceptado este desafío y creo que en Salta hay que echar las bases para una nueva política de seguridad fundada en un plan que se vaya sosteniendo en el tiempo más allá de quién sea el ministro de turno.

¿Una política de Estado?

Una política de Estado con nuevos conceptos. Cuando asume una persona, o cuando se va, puede haber, como diría Borges, apologías y rechazos. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no discutimos políticas de Estado, planes estratégicos y soluciones concretas ante hechos concretos. Esto es un plan provincial de seguridad, que lo va a haber y será oportunamente presentado al gobernador porque es en definitiva quien tiene que decidir en su aplicación integral y en el manejo de los tiempos. Esto me parece esencial para mejorar la seguridad de la provincia de manera integral. Por otra, desde hace muchos años vengo sosteniendo que, además de un plan provincial, debe haber un plan federal. Mucho más en nuestro caso, que tenemos una frontera seca de 700 kilómetros cuadrados. Salta limita con Chile, Bolivia y Paraguay, de manera tal que la seguridad no es un problema provincial sino, sobre todo en materia de frontera, un problema federal al que hay que irle dando soluciones inmediatas. Por caso, hace unos años se sacaron casi 5.000 gendarmes de la frontera y no fueron repuestos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre la Policía de la Provincia con las fuerzas nacionales destacadas en Salta. Con Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeronáutica ya hicimos procedimientos en conjunto, pero hay que profundizar mucho más el accionar complementario entre las fuerzas.

A la par del accionar conjunto contra los delitos transnacionales, ¿se empeñará su gestión contra el microtráfico que creció en las villas y barrios?

No solamente en las villas y los barrios. El microtráfico, con un buen trabajo de complementariedad, nos puede conducir a otras acciones más graves. Por eso insisto en que tiene que haber una acción mancomunada de la Nación y la Provincia en materia de narcotráfico, trata de personas y de ciberdelitos. Me voy del Ministerio Público Fiscal con la satisfacción de que ya se está concursando la Fiscalía de Ciberdelitos. Por la transnacionalidad de muchos crímenes yo insisto tanto en que la problemática de la zona de frontera incumbe tanto la Nación como a la Provincia. No tenemos que perder nunca esa visión, porque si nos enfocamos únicamente en un plan provincial de seguridad tendremos una visión sesgada de la problemática.

El asesinato de Rosa Sulca fue un crimen paradigmático, por las grietas que dejó ver en las respuestas del sistema de emergencias 911 y la atención de las denuncias. ¿Qué sensaciones le dejó a usted ese crimen estremecedor?

Ese caso fue uno de los que determinaron que yo aceptara ser ministro de Seguridad, porque en los casi 35 años de vida profesional que llevo nunca me pasó de haber escuchado que una mujer diga en tiempo real que la están matando. Entonces lleva a preguntarnos sobre todo lo que falló ahí y sobre cuánto debemos mejorar. Ha sido un caso bisagra no solamente en la historia policial de Salta, sino en la historia judicial argentina. Fue un hecho que tuvo una enorme repercusión. Ese femicidio, que desgraciadamente ocurrió, nos ha dejado numerosas enseñanzas que nos interpelan para poder saber en dónde exactamente tenemos que mejorar como Policía y como Ministerio de Seguridad, particularmente. 

En julio último, tras correr desesperado y desnudo por el parque San Martín, un joven peluquero, Matías Ruiz, terminó muerto. Otro caso con fisuras en las respuestas del sistema de emergencias...

Matías Ruiz y, a los pocos meses, Nahuel Vilte, dos casos que sacudieron a Salta desde el Parque San Martín, una zona de paseo de ciudadanos y ciudadanas, de la familia de Salta. Era impensable que pasen cosas como esas. En el caso Ruiz me parece que hubo circunstancias que mostraron una serie concatenada de fracasos en materia de seguridad. Esos hechos, en este momento, se están investigando a fondo en el Ministerio Público. Y a continuación siguió lo de Nahuel Vilte, un chico que a plena luz del día fue degollado. La verdad es que más allá de mi condición de funcionario, como ciudadano salteño, me causó un profundo dolor ver en las calles a la gente de su barrio llevando el féretro a lo de su abuela. Es una mezcla de bronca e impotencia, porque entre respuestas postergadas, hubo condiciones de trabajo esclavo y prácticas mafiosas que terminaron en un horrendo asesinato. Todo esto nos tiene que llevar a realizar los cambios sustanciales en materia de seguridad. 

Y apenas horas después del asesinato de Nahuel, los cuerpos de Romina Zerda y Jonathan Tolaba aparecieron aparentemente plantados dentro un auto, en la Circunvalación Oeste. Un crimen con tintes mafiosos e infrecuente...  

Absolutamente poco frecuente y nos está indicando otras cosas, por las que justamente insisto en que debe existir una mancomunidad entre fuerzas nacionales y provinciales, no solamente de intercambio formativo, sino en un accionar conjunto. Ese crimen, sobre el que creo que la Dirección de Investigaciones del CIF está avanzando bastante, nos está demostrando que hay nuevas problemáticas dentro de la criminalidad de Salta. Entonces tenemos que saber responder también ante estos hechos gravísimos en los cuales debemos tener conciencia todos los poderes del Estado.

Los índices de femicidios muestran una desconsoladora realidad en Salta... 

Así es. Lo dije en la conferencia de prensa en la que anuncié que renunciaba como procurador general de la Provincia. Los índices de femicidios en Salta son una vergüenza. Hay que decirlo en esta forma categórica, porque el femicidio, si uno piensa que solamente es un problema de Seguridad y Justicia, no se van resolver. A mí me parece que es un problema central y estructural la concientización de la sociedad desde los primeros grados del aula. Enseñar el respeto y la consideración a la mujer. Hay determinados comportamientos patriarcales en la sociedad de Salta que son totalmente intolerables, porque cuando se mata a una mujer, lo primero que mí me provoca una profunda indignación es que empiezan a averiguar sobre la personalidad de la víctima. Y esto nos marca el punto final de todo un esquema de violencia que existe respecto de la mujer. Todos los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, no tienen que ser algo declamativo, sino políticas de Estado sostenidas en el tiempo en forma irrenunciable. A mí me gustaría que hubiese una reacción social integral en contra de esto.

¿Cómo cree usted que debería actuarse desde diferentes frentes institucionales ante las denuncias de violencia de género?

Ante todo, y viendo los índices, creo que se debería pensar cuanto antes en tener un Ministerio de la Mujer en Salta. Por otro lado, considero que es urgente que la Policía tenga una División de Género. Voy a disponer su creación y será dirigida por una mujer de la Policía que esté a la altura de las circunstancias. Nosotros no solamente tenemos que proteger a las víctimas, sino asegurarles la posibilidad de que sus denuncias sean no solo escuchadas sino tramitadas con la mayor celeridad posible y que la Justicia, en este sentido, tenga un despertador de lo que está sucediendo. Esta es una de las problemáticas sociales que exigen un abordaje articulado y efectivo desde el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Polo Integral de la Mujer. La acciones deben redundar en la detección, persecución y detención del violento y poner ahí todos los esfuerzos, y a eso habría que sumarle tecnología: pulseras, tobilleras, botones antipánico con la decisión y la convicción de que tenemos que terminar con ese flagelo.

¿Coincide usted con quienes consideran que se debería focalizar más la custodia y vigilancia hacia los agresores?

Eso es así. Si no focalizamos la custodia hacia el agresor, no sabemos qué hace y la víctima es aún más vulnerable.

¿Cuan necesario era unificar Seguridad y Justicia en una misma cartera?

Creo que ha sido un gran acierto de parte del gobernador de la Provincia unificar Seguridad con Justicia. Me parece urgente que en esa área del ministerio prioricemos el tema plazos por sobre todas las cosas, porque muchas veces sucede que se requiere juicio y la fecha de inicio se torna incierta, lo cual provoca una enorme desazón social. Lo más revolucionario de la Justicia, lo digo de hace mucho tiempo, es el cumplimiento de los plazos. No es porque uno sea más importante que otro, sino que en realidad el sistema acusatorio se implantó para que sean mucho más rápidos los procedimientos judiciales y, sobre todo, para que no esté tan alejada la comisión del hecho de su juzgamiento. El día que logremos acercar los plazos, rápidamente la Justicia logrará mucho más credibilidad de la que tiene hoy, porque la tardanza en los procedimientos criminales es una forma de impunidad.

El tiempo que pasa es la verdad que huye, suele repetirse en los ámbitos académicos de la investigación penal.

Exactamente y eso es muy sabio. Otra cuestión que deberíamos encarar rápidamente es el traslado de las unidades penitenciarias de Villa Las Rosas. También tenemos que terminar con los detenidos en comisarías. Le planteé estas necesidades al gobernador al inicio de su gestión, pero después vino la pandemia, que se llevó puesto absolutamente todo. Ahora, afortunadamente, podemos volver a retomar estos temas.
También sería una buena iniciativa proyectar una alcaidía en la zona de Embarcación. Para este tipo de proyectos hay financiamiento internacional y veremos de poder llevarlo adelante porque son indispensables.

Las contravenciones se siguen acumulando sin resolución. ¿Qué piensa usted al respecto?

Creo que hay que crear el fuero contravencional. Lo vengo señalando desde hace muchísimo tiempo. El actuar policial y el marco legal que tiene el Código Contravencional generan en muchísimos casos incautaciones o secuestros de bienes que se arruinan si no se los remata. Hay cantidades de motos, ganado bovino, ganado equino, tenemos distintos bienes que podrían ser ingresos genuinos que se generen desde la seguridad para la modernización y la mejora de la seguridad. 

En los últimos días usted también refirió a la conveniencia de reemplazar a Asuntos Internos de la Policía con un tribunal civil. ¿Podría ampliarnos la idea?

A mí me tocó estar como juez en dos fueros distintos, tanto en el federal como en provincial. Ahí uno fue viendo distintas experiencias. Creo que la organización interna actual de la PSA es de las más modernas que hay en América Latina. Por ejemplo, ya no hay oficiales y suboficiales, sino solamente oficiales, y el órgano de juzgamiento disciplinario interno que tiene es un tribunal integrado por abogados que se presentan a un concurso para ser seleccionados como jueces administrativos. Porque, en realidad, se trata de derecho administrativo penal y no pertenecen a los cuadros de la fuerza, con lo cual hay un control externo sobre el accionar interno que para mí ha sido muy positivo. A esto, cuando asuma, lo voy a conversar con el personal policial. También vamos a un consejo asesor para el Ministerio de Seguridad con oficiales retirados. Estamos convencidos de que de esta forma lograremos concretar los cambios que juzgamos imperiosos y necesarios. ¿Hasta dónde podemos llegar? No lo sabemos. Pero creo que en materia de ejecutividad lo único que no se debe hacer es quedarse quieto.

Usted aludió a una serie de necesidades para poner a la Policía en mejor forma: capacitación, tecnologías y medios. ¿Todo esto depende solo de 
presupuestos o también de decisiones? 

Si nosotros solo consideráramos al tema presupuestario, de entrada habríamos fracasado. Yo creo que decisiones que cuestan cero peso pueden cambiar totalmente el eje del accionar policial. Por ejemplo, tiene que haber mucha mayor receptividad y celeridad en las denuncias que la gente hace en la Policía. Dentro del Ministerio Público, durante mi gestión, hemos mejorado muchísimo con las páginas web de denuncias. También podríamos tener una mayor complementariedad en este sentido. Creo en una Policía totalmente dinámica y movilizada, de forma tal que la ciudadanía vuelva a creer en lo que cuando yo era joven se conocía como el policía de la cuadra o el policía de la esquina. La gente se siente mucho más segura. 
Del mismo modo, entiendo a la investigación tecnológica no como fin en sí mismo, sino como un instrumento que puede ayudar al personal policial en una mejor vigilancia.

Usted fue consultado por el Senado de la Provincia sobre la ley de ficha limpia cuya promulgación está en duda. De hecho el diputado Héctor Chibán, coautor de uno de los proyectos que se presentaron, sostuvo que ficha limpia sola no sirve sin una Justicia que funcione... 

Efectivamente, fui consultado desde el Senado. Con ficha limpia pasan dos cosas. En primer lugar, me parece que hay que hacer una ronda de consultas de gente especializada particularmente en derecho electoral. Por ejemplo, yo les preguntaría a los integrantes de la Cámara Nacional Electoral qué opinan al respecto. Se le ha encontrado algunos bemoles, en el sentido que podría llegar a afectar derechos de personas que no tienen una condena definitiva. Lo que es cierto es que, si pensamos elevar los estándares éticos, ficha limpia siempre es una oportunidad para que quienes se desempeñen en cargos públicos estén absolutamente insospechados en el ejercicio de sus funciones. Desde ese punto de vista creo que el aporte ético que se le hace a la sociedad es de un valor supremo.