La segmentación de tarifas que comenzaron a hacer las distribuidoras Edesur y Edenor en Buenos Aires tendrá su contrapartida en todo el país y su aplicación se hará en etapas. Así lo confirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti en una ronda de prensa que mantuvo con un grupo de medios de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.

"Es la primera vez que va a haber un padrón y entiendo que la idea es que sea nacional", sostuvo la funcionaria quien dijo que el jueves último se reunió con el secretario de Energía, Darío Martínez, por este tema.

"La idea es que haya un reempadronamiento nacional para tener un esquema más racional y más puntual de tarifas que tienen que ver con que no estemos subsidiando a quienes no necesitan ser subsidiados", defendió la iniciativa.

De acuerdo a lo que informó Energía en la última semana, el objetivo del Gobierno es que el nuevo esquema de franjas o segmentos de usuarios comience a regir a partir "de los primeros meses" del próximo año.

La baja de subsidios apunta a mejorar las cuentas públicas, condición que el Fondo Monetario Internacional exige para poder encaminar un acuerdo para refinanciar la deuda de casi 45.000 millones de dólares que tiene la Argentina con el organismo multilateral.

Las tomas de tierra

Consultada sobre la toma de tierra por parte de grupos indígenas, Cerruti recordó que es "un tema largo, complejo y de mucha data, que está en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina". Y sostuvo que "el Gobierno nacional siempre ha dicho lo mismo: que este tipo de discusiones se tienen que dar porque tienen que ver con cómo se llevó adelante la colonización en Latinoamérica y cómo fueron despojados de sus tierras una cantidad de comunidades que vivían aquí".

Tras afirmar que desde el Ejecutivo "repudiamos absolutamente las actitudes violentas o actitudes agresivas" por parte de algunos grupos -como los mapuche en la Patagonia-, Cerruti indicó que en algunas provincias la discusión ya derivó en mesas de trabajo, como Chubut, y en la entrega de "títulos de propiedad de las tierras a 5.000 comunidades". A la vez, criticó que en otros distritos "como Río Negro, ni siquiera se empezó a hacer todavía el registro territorial". Por eso, dijo, "estamos trabajando allí para armar una mesa de trabajo".

"Entiendo que lo mismo podría hacerse tanto en Salta como en Jujuy", donde también existen reclamos de grupos que se referencian en comunidades aborígenes, opinó la portavoz.

"El Gobierno reconoce el derecho de los pueblos originarios a reclamar las tierras que creen que les pertenecen o porque las están ocupando desde el momento en el que les fueron despojadas en adelante", afirmó la funcionaria.

Insistió en que "ese diálogo y ese reconocimiento se tienen que llevar adelante en el marco de la ley. Hay leyes para hacer esto y tenemos que ver la manera de que se implementen. Cuanto más logramos que se dialogue, que se implemente esa ley, más van quedando afuera aquellos grupos que dicen que representan a alguien y no representan a nadie, o vienen con actitudes violentas o están haciendo hechos de usurpación".

El Presupuesto

Otro de los temas que abordó la vocera con los medios norteños, entre los que estuvo El Tribuno, fue el Presupuesto nacional 2022, proyecto que ya está en el Congreso y tiene parámetros reñidos con la realidad económica: crecimiento del 4% (el Banco Mundial prevé un crecimiento argentino del 2,6%), una inflación del 33% (el Banco Central estima más del 48%) y un dólar de $131,10 (múltiples consultoras ubican la cotización entre $136 y $180).

"El Presupuesto es una hoja de ruta que presenta el Ejecutivo y es el Congreso el que tiene la decisión", remarcó Cerruti. Y señaló que la futura ley incluirá el plan plurinaual -"que el ministro Guzmán está trabajando para su presentación a principios de diciembre"-, así como "proyectos y medidas económicas y sociales que están en sintonía con lo que se viene conversando con el staff del Fondo Monetario Internacional" con miras al acuerdo por la deuda.