José Matías Rossi, el empresario de Quilmes sindicado como presunto financista de los saqueadores del GNEA, imputado como encubridor en la causa y absuelto por el Tribunal Federal Oral 2 de Salta, declaró que había comprado esos caños pertenecientes al Estado de buena fe, pero nunca logró explicar por qué los tubos fueron hallados en dos depósitos de su firma, Comarfil, despojados de los recubrimientos protectores y con sus numeraciones de serie completamente limadas.

Además, la causa tuvo testimonios y evidencias para corroborar que esas alteraciones -realizadas en los caños gasíferos con la única finalidad de ocultar su origen y revenderlos ilegalmente- se efectuaron después de que fueran descargados de los camiones que los transportaron desde Salta. De hecho, otra cantidad significativa de caños terminó reducida en el mercado negro desde esas y otras plantas chatarreras, a un valor cercano a los $200 mil por pieza, para terminar convertidos en comederos de vacas, bebederos para hacienda o ser utilizados en obras de agua, riego, alcantarillado e ingeniería civil. Enarsa había pagado en su momento a la empresa Tenaris, del grupo Techint, 5.000 dólares por cada uno de esos tubos de 24 pulgadas de diámetro, 12,80 metros de largo y cerca de dos toneladas de peso. Cada pieza, concebida en acero de alta calidad, sin costuras, terminó costando enterrada más del doble.

Se recuperaron en total 344 caños. La cuenta se abrió el 12 de noviembre de 2019, con los 77 que fueron secuestrados en la zona de Alto La Sierra por policías de Salta.

Otros 30 fueron recuperados en Aguaray el 7 de febrero de 2020. En Mosconi y El Desemboque, fueron rescatados 169 en los allanamientos que se hicieron el 14 y 18 de abril de 2020. En Quilmes, el 5 de junio de 2020, se secuestraron 52. En Berazategui, el 6 de agosto de ese año, se recuperaron otros 12. Cuatro más aparecieron, días después, en Las Lomitas, Formosa.