¿Solo tres personas planearon y ejecutaron el saqueo de la obra de interconexión energética más importante y costosa de Argentina? La declaración de culpabilidad que dictó la Justicia Federal de Salta contra el destituido intendente Jorge Prado y los sopleteros mendocinos Diego Alos y Adrián Vera, ¿explica realmente el desmantelamiento del Gasoducto del NEA? En la antesala del debate oral y público, Eduardo Villalba, el fiscal federal que coordinó la investigación del “robo del siglo” había calificado al saqueo del GNEA como un “caso de corrupción emblemático”. En el tramo final del juicio, que empezó con 10 imputados y terminó con siete de ellos absueltos, Villalba dejó abiertas las puertas a una apelación al veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de Salta.

El jueves 16, los jueces federales darían a conocer las penas que enfrentarían Prado, Alos y Vera. El Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió para el exintendente de Aguaray ocho años de prisión, mientras que para Alos y Vera solicitó siete años de cárcel. La querella, representada por la empresa estatal IEASA, pidió 10 años. 

Por estas horas se da por descontado que las defensas técnicas de los tres condenados interpondrán recursos en las instancias superiores de apelación. Tampoco se descarta que la parte acusadora pida una revisión, particularmente en lo que respecta al rol que cumplió José Matías Rossi, un empresario chatarrero de Quilmes, en la trama ilícita.

Sergio Heredia, el abogado que ejerció la defensa del exsecretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes, de los empresarios Bruno Degoy y Miltón Saavedra (socios de la firma M&P de General Mosconi), Cristian Buzeck (uno de los tantos trabajadores usados y estafados) y Oscar Dante Rodríguez (un vecino de Aguaray que también fue sentado en el banquillo) tampoco quedó del todo conforme, aunque sus cinco defendidos terminaron declarados inocentes. 

En diálogo con El Tribuno, el letrado norteño insistió en que detrás del plan de saqueo del GNEA operó una aceitada “asociación ilícita”, con complicidades que trascendieron al municipio de Aguaray y que se proyectaron desde Tonono (Tartagal) hasta el conurbano bonaerense y otras provincias del sur del país inclusive. 

En las ediciones de El Tribuno del 9 y 17 de agosto de 2020, Heredia describió cómo se gestó y desplegó el desmantelamiento de los caños gasíferos. Y en el juicio, lapidarios testimonios y pruebas documentales corroboraron lo que el letrado norteño había denunciado públicamente, un año antes, precisando el rol de al menos treinta actores cuya participación ameritaría la apertura de un segundo expediente penal en la zona causa de los caños.

En su alegato final, además de acusar a inspectores de IEASA de dejar “liberada la zona” para los saqueos, el defensor más incómodo que tuvo el debate oral y público invitó a la Justicia a investigar y esclarecer las responsabilidades de esos implicados a los que no dudó en denunciar con nombres, apellidos y roles ante el tribunal federal integrado por los jueces Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule.

En el juicio se evidenció con testimonios, copias de actos administrativos, actas, remitos, facturas, cheques y hasta comprobantes de giros de dinero que el plan de saqueo del GNEA se gestó mucho antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray en diciembre de 2019. También quedó acreditado que el primer objetivo del plan urdido fue una planta que la Compañía General de Combustible (CGC) dejó en la finca Ñacatimbay. Con documentación pública se demostró que esas instalaciones hidrocarburíferas, localizadas a pocos kilómetros al sur de Aguaray, no fueron saqueadas solamente por la férrea oposición del encargado de la finca Ñacatimbay, Gustavo Cajal. El fue uno de los 15 testigos propuestos por la defensa de Céspedes para convencer al tribunal de su inocencia.

Mucho antes de que se dictara la resolución 1215, el acto administrativo con el que Prado habilitó el 23 de diciembre de 2019 a la empresa mendocina Osip a extraer los caños del GNEA como supuesto material de rezago y pasivo ambiental, Cajal había sido visitado en Ñacatimbay por los mendocinos Diego Alos (el titular de OSIP), Leonardo Ventimiglia y Santiago Enmenaj. Estos le informaron al encargado de la finca que, por una autorización del intendente de Aguaray, desarmarían y sacarían todo el material metálico de la planta de gas abandonada por CGC.

Tras esa visita, el jefe comunal le envió a Cajal varios mensajes por WhatsApp. En uno que se expuso ante la Justicia, Prado le señaló: “Estamos haciendo un trabajo de saneamiento ambiental en el Municipio. Directivas desde Nación. Y se deben desenterrar los caños de poliductos. Si en el caso se encuentran en sus tierras”.

El 7 de enero de 2020, ante su enérgica resistencia, Cajal fue notificado por el juez de paz de Aguaray, Ángel Martín Chocobar, del contenido de la resolución 1215. El propio intendente había solicitado por nota ese diligenciamiento el día anterior.

Cajal, según quedó acreditado, le aclaró al juez de paz que no dejaría entrar a nadie a la finca y que deberían ir por la vía correspondiente: la Justicia Federal.

“Plan B”

También se probó en el juicio que el texto original de la resolución 1215 aludía inicialmente a la planta de Ñacatimbay, pero que ante el obstáculo que encontraron en Cajal lo modificaron para reenfocarlo hacia la paralizada obra del GNEA. En el acto administrativo que finalmente se usó para avalar la extracción de los caños del Estado nacional y sacarlos de la provincia en camiones la firma de Céspedes fue falsificada. Esto quedó demostrado con una pericia caligráfica. 

En base a las evidencias aportadas, Heredia no solo fundamentó la inocencia de sus defendidos, sino que denunció a 30 implicados.

Además de los ya nombrados señaló como parte del entramado ilícito a dos funcionarios de Aguaray: Juan Ramón Ferreyra, quien entonces se desempeñaba como secretario de Gobierno, y Fabio Navarrete, quien estaba al frente de la Secretaría de Articulación y Fortalecimiento de la gestión municipal y rea un reconocido referente zonal de la agrupación política La Cámpora.

En la lista de implicados también fueron incluidos Héctor Tejerina, un agente municipal de Aguaray que trabajó en el borrador de la resolución 1215, y otros dos mendocinos: Adrián Antonio Vera (titular de la ficticia empresa Vera SA) y Fernando Torres. Junto a estos fueron agregados los norteños Juan Villarroel, Simón Villarroel (dos expertos en gasoductos) y Jorge Luis Vila, un tartagalense emparentado con Ventimiglia, entre otros.

Zona liberada y una reunión en Saravia

El defensor Sergio Heredia apuntó a Navarrete y otros implicados.

La actuación de inspectores de la empresa nacional de energía IEASA (ante Enarsa) y de personal de Gendarmería dejó dudas en la causa de los caños. A pobladores de El Desemboque, uno de los parajes donde la línea troncal del Gasoducto del NEA fue saqueada, les llamó mucho la atención que, una semana antes de que comenzaran las extracciones ilegales de caños, inspectores de la empresa nacional desaparecieran del lugar.

Además, un control de Gendarmería, que operaba en las inmediaciones de un camino vecinal que se usó para sacar camiones con caños del GNEA hacia General Mosconi, fue trasladado, llamativamente más al norte, dejando de esa forma sin control un tramo sensible de la ruta nacional 34. 

Por otra parte, se acreditó de testimonios que gendarmes fueron hasta el lugar donde se estaban sacando los caños, pero se retiraron sin labrar actuaciones y la extracción ilegal continuó sin inconvenientes.

Fabio Navarrete, un exfuncionario de Aguaray que había trabajado en la empresa Vertúa durante la construcción del gasoducto y es un conocido representante de La Cámpora a nivel zonal, fue señalado ante la Justicia como parte del entramado ilegal. 

El defensor Sergio Heredia denunció que “Navarrete y otros implicados se reunieron en Apolinario Saravia para planificar este robo” y que “ya en 2017 habían intentado conseguir un aval del Gobierno provincial” sin lograrlo. “También lo habían intentado antes con Alfredo Darouiche, fallecido exintendente de Aguaray, quien era un hombre decente y no les aceptó la propuesta porque les exigió la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia antes de autorizar con su firma el retiro de cualquier instalación”, afirmó ante la Justicia. “Pudimos constatar que se intentó hacer la misma operación con los intendentes de General Mosconi y de Embarcación, pero al consultar estos con sus abogados, les recomendaron que no lo hicieran”, afirmó Heredia.

El domingo 1 de agosto un informe periodístico publicado por El Tribuno puso en evidencia que el saqueo a la obra más cara del país empezó en el norte en 2018, ni bien el gobierno de Mauricio Macri dio por caída la licitación nacional que apuntaba a reactivar las inconclusas obras del tramo salteño, de 230 kilómetros, que la empresa Vertúa había abandonado en diciembre de 2015 en medio de conflictos sociales y denuncias cruzadas.

El trabajo periodístico expuso la existencia de 19 denuncias que pudieron haber evitado el descomunal saqueo. Inspectores de obras de IEASA las radicaron en seccionales de policía que carecían de recursos para intervenir antes los hechos denunciados, cuando esos funcionarios eran plenos conocedores de que los caños pertenecían al Estado nacional y que lo lógico era presentarlas en sedes de Gendarmería. Así, con las presentaciones realizadas en destacamentos policiales de Aguaray y hasta de Morillo, esos funcionarios cubrieron sus responsabilidades, pero sus denuncias no condujeron a una sola detención ni secuestro de caños. Este criticable desempeño de funcionarios públicos, como también el de funcionarios de Rentas de la Provincia que autorizaron a un camión detenido con caños del GNEA a continuar su viaje hacia Quilmes (Buenos Aires) tampoco fue esclarecido como hubiera sido deseable en la Justicia.