Este mediodía en la vereda de las oficinas del Pami, manifestantes se mezclaron con los efectivos de la policía federal que allanaron la sede del organismo nacional por segunda vez en los últimos meses. En esta oportunidad fue por contrataciones direccionadas para proveedores amigos. Estarían involucrados dos empleados del organismo. Además se conoció que una de las contrataciones estaría relacionada con la fiesta de fin de año del Pami, que se habría suspendido. 

El cierre de año para las autoridades del Pami no será mejor de lo que le fue este 2021, con denuncias interminables que no encuentran ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades del organismo, ni consigue la gestión de los legisladores nacionales para encontrar una solución para el sector de la población más vulnerable. Si bien las acusaciones contra la administración de Verónica Molina son múltiples, en este caso, ya se habla de contrataciones direccionadas para proveedores amigos. 

Tanto el actual como el anterior allanamiento fueron solicitados por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien pidió reserva y no dio información a la prensa. 

El anterior allanamiento fue en agosto, por otra causa, retenciones indebidas de sueldo.

Anterior allanamiento

El anterior allanamiento fue a principios de agosto, por retenciones indebidas de los sueldos. Esa causa tuvo su raíz en el cobro irregular del (IFE) Ingreso Familiar de Emergencia, en la que gerentes de filiales del interior del Pami denunciaron que se les retenía el 20% del sueldo para la agrupación política La Cámpora. También la justicia abrió una investigación por donaciones de la Aduana que habrían sido utilizadas para dádivas en las elecciones provinciales de este años. Por esta causa, el excandidato a concejal por el Frente de Todos, Fernando Ruarte fue llamado a declarar. 

Más allá de estas denuncias que tienen que ver con una administración que la justicia considera, al menos, ser investigada. Por otro lado hay serias acusaciones que se relacionan directamente con la salud de la tercera edad y no llegan a ser investigadas ni tampoco encuentran soluciones, como la falta de atención tanto en capital como en el interior. Son numerosas las denuncias de los abuelos en las que cuentan cómo las clínicas y profesionales se niegan a atenderlos. 

Este segundo allanamiento se dio casi al mismo tiempo que la manifestación del MPA (Movimiento Popular Argentino). Los militantes pidieron la intervención del organismo y denunciaron la mala atención a los jubilados. Las manifestaciones llegaron al interior y hace algunas semanas jubilados del norte provincial denunciaron que los abuelos no consiguen farmacias ni especialistas y deben llegar por sus propios medios a la capital para conseguir una atención médica.