"Estamos orgullosos de la celeridad de la Justicia en este caso", sostuvo ayer el presidente del Tribunal Oral Federal 2 de Salta, Abel Fleming, tras aclarar aspectos sustanciales de la sentencia con la que se condenó al destituido intendente Jorge Prado a seis años y medio de prisión, al empresario mendocino Diego Alos a seis años y a su comprovinciano Adrián Vera a tres años y ocho meses, por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA.

El fiscal de la causa, Eduardo Villalba, había pedido ocho años para el exintendente de Aguaray y siete años para Alos y Vera. Otros siete imputados fueron absueltos.

Según el magistrado, "las condenas no fueron leves", como se cuestionó desde este diario. Dijo que "tampoco hubo demoras inexplicables".

Recordó que el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se aplica en Salta y Jujuy desde junio de 2019, como punta de lanza del sistema acusatorio que se extenderá a todo el país, divide al juicio en dos partes: un juicio de responsabilidad y otro de determinación de pena, este último, con alegatos de apertura, recepción de pruebas, alegatos finales y sentencia. "Entre que finalizamos el juicio de responsabilidad y el juicio sobre la pena no pasaron dos semanas", resaltó.

También remarco que "el proceso total duró apenas poco más de año, por lo que estamos orgullosos de la celeridad de la Justicia en este caso".

Ante los planteamientos periodísticos que se hicieron en relación a la prisión domiciliaria transitoria que se dispuso para Prado y Alos, Fleming manifestó que, ante todo, "debe quedar en claro que las condenas fueron de prisión efectiva. Y decidimos algo muy novedoso que, en lugar de críticas, merecería ser destacado. El fiscal no pidió detención. Los condenamos y dispusimos para Prado y Alos el inmediato arresto domiciliario hasta tanto se confirme la sentencia. En el resto de los tribunales del país, una vez dictada condena a un imputado libre, ésta no se hace efectiva hasta tanto venza el plazo para apelar o, si se apela, hasta tanto sea confirmada la sentencia", puntualizó Fleming. Explicó que "es la segunda vez que este Tribunal hace uso de una norma del Código nuevo, la del artículo 309, que permite que los jueces dispongan medidas para asegurar el cumplimiento de su sentencia. Eso hicimos y dispusimos prisiones preventivas, aun cuando el fiscal no las solicitó". Precisó que, en el caso de Vera, el "imputado colaborador" de la causa, se le dispuso la prisión preventiva en la Cárcel Federal de General GUemes, donde estaba detenido. "Si la sentencia de los otros se confirma, también deberán cumplirla en una Cárcel Federal", precisó el titular del Tribunal Oral Federal 2 de Salta.

En este punto, Fleming subrayó que las sentencias que se dictaron el jueves último "no están todavía firmes". En efecto, abogados defensores se mostraron resueltos a recurrir las sentencias y el fiscal Villalba también adelantó, el pasado 2 de diciembre, que "vamos a evaluar más a fondo los argumentos esgrimidos por el Tribunal, y si entendemos que es necesario recurrir la sentencia, se procederá en ese sentido".

Ayer, tras conocerse los fundamentos, Villalba confirmó en declaraciones a Radio Nacional que apelaría al menos tres de las absoluciones. No dio nombres, pero señaló que el recurso se interpondría en relación a presuntos financistas del plan de saqueo de la obras.