El fiscal federal Eduardo Villalba solicitó hoy la pena de 8 años de prisión efectiva para el exintendente de la localidad de Aguaray Jorge Prado y de 7 años para los empresarios Adrián Vera y Diego Alos, declarados culpables por el Tribunal Oral Federal 2  en el juicio que desde junio se realiza por el robo millonario de caños del Gasoducto del NEA.

En su alegato, el fiscal general Eduardo Villalba fundamento un pedido de pena de 8 años de prisión efectiva para el ex intendente Prado y 7 años para Adrián Vera y  el empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, para quien también solicitó la inmediata prisión preventiva, en caso de que el tribunal acceda al pedido de pena solicitado.
La defensa de Vera solicitó una pena de 2 años de prisión bajo la modalidad domiciliaria. El defensor de Prado  pidió el mínimo de la escala penal, 5 años de prisión. Lo mismo solicitó la defensa de Alos.

El jueves 2 de diciembre, el tribunal declaró culpables al exintendente de Aguaray y a los empresarios Alos y Vera, mientras que los siete acusados restantes fueron absueltos.

Hoy, tras los alegatos con los pedidos de penas y las réplicas y dúplicas, los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de diciembre, para escuchar a los tres acusados declarados culpables, pasar a deliberar y dar a conocer el fallo con sus fundamentos.

El juicio por el robo millonario de caños del Gasoducto del NEA comenzó en junio, con diez 10 personas imputadas por los delitos de robo agravado y defraudación a la administración pública.
Tras más de cinco meses de audiencias, los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule declararon culpables al exintendente; al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos; y al también empresario Adrián Vera.

Sobre la calificación penal, el tribunal resolvió imponerles a los tres la figura penal de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en su carácter de delito continuado, en calidad de coautores. Por otro lado, descartaron la acusación por defraudación a la administración pública y, en cuanto a Vera, le sumaron el delito de falsificación de documentos.
En otra coincidencia con la fiscalía, se resolvió absolver a Dante Rodríguez, quien había llegado a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños, hecho cometido en noviembre de 2019.
En su alegato, la fiscalía había solicitado la absolución del mismo por el beneficio de la duda, lo que fue ratificado por los jueces en su fallo.
Al expedirse respecto a la acusación contra el ex secretario de Hacienda del municipio de Aguaray; los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Milton Saavedra y Bruno Degoy; el titular de la empresa Comarfil SA, Matías Rossi; y Cristián Buczek, encargado de la empresa Vera SA, los jueces dispusieron la absolución lisa y llana.
En cuanto a Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, los magistrados también se inclinaron por favorecerlo con la absolución, pero en este caso por el beneficio de la duda.

Hoy, al momento de alegar, la defensora oficial de Vera, Julieta Loutayf, solicitó una pena de dos años de prisión bajo la modalidad domiciliaria, mientras que el defensor de Prado, Fernando Teseyra, pidió el mínimo de la escala penal, o sea cinco años de prisión, lo mismo que la defensa de Alos, ejercida por Mauricio Cardello.
Cardello y Teseyra coincidieron además al pedir que la prisión efectiva se disponga una vez que la sentencia quede firme.
Por su parte, la querella, que representa a la firma estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) -ex Enarsa-, requirió una pena de diez años de prisión para Prado y de 7 para Vera y Alos.

Por esta causa, el municipio de Aguaray fue intervenido el año pasado, y el 21 de octubre último asumió el nuevo intendente, Guillermo Alemán, tras resultar electo en los comicios provinciales del 15 de agosto.