El encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, a quien este jueves le fue confirmada otra condena a prisión por amenazar a un testigo, ha desencadenado una serie de protestas con altercados violentos, decenas de heridos y detenidos en España, además de caldear la política española con un nuevo desencuentro en el Gobierno de coalición.


Hasel ingresó el pasado martes en prisión tras ser detenido por la Policía, para cumplir nueve meses de condena por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona, y desde entonces se sucedieron disturbios cada noche en varias ciudades del país, especialmente violentos en Madrid y Barcelona.


El apoyo de uno de los líderes de la formación de izquierda Unidas Podemos a las protestas desató las críticas incluso desde el Partido Socialista, con el que gobierna en coalición, en un nuevo choque entre ambos socios del Gobierno, en medio de un amplio debate en el país sobre las consecuencias penales de los limites de la libertad de expresión.


Un polémico tuit entre decenas de heridos y detenidos

Los disturbios de la pasada noche dejaron cerca de medio centenar de detenidos, algunos de ellos menores, y casi setenta heridos, muchos de ellos policías, solo en Madrid y Barcelona, además de serios destrozos en mobiliario urbano.

Un juez de Barcelona envió a prisión provisional a uno de los detenidos, mientras la Policía catalana investiga si una manifestante que perdió un ojo fue o no herida por un proyectil de "foam".



El Ministerio del Interior español respaldó la actuación de la Policía, mientras sindicatos policiales lamentaron el apoyo a las protestas  violentas desde uno de los socios de Gobierno.



El desencadenante de la polémica fue un mensaje en Twitter del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados -Cámara baja del Parlamento español-, Pablo Echenique, en apoyo "a los jóvenes antifascistas" que estaban "pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles".



El mensaje fue criticado por varios miembros del ala socialista del Gobierno español, como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, marcando distancia de las protestas violentas y aclarando que no sale de un miembro del Ejecutivo, sino de un portavoz parlamentario de Unidas Podemos.
 

En esos edificios vive gente.

Pero no es Galapagar.#PabloHasel #pablohassel pic.twitter.com/Izk90dYsPQ

— Sergio Brabezo (@SBrabezo) February 18, 2021

La polémica llegó a una sesión parlamentaria, donde el conservador Partido Popular (PP) pidió la dimisión de Echenique, entre fuertes críticas también de los liberales de Ciudadanos y de la ultraderecha de Vox.



La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, durante una visita al lugar de los incidentes, exigió al jefe el Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, que cese a su vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al acusarlo de estar "siempre detrás de los movimientos vandálicos".


Confirma otra condena para el rapero

Un tribunal de Lérida confirmó otra condena de dos años y medio de cárcel para Pablo Rivadulla, conocido como Hasel, por amenazar a un testigo de un juicio contra un guardia urbano de esta ciudad catalana, una pena que podría sumarse a la que ya cumple en una prisión leridana.



Hasel ingresó en la cárcel por una condena a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.
 

Así la represión de las protestas por la libertad de Pablo Hasel

vía @radioklara pic.twitter.com/ePdE3VTEMP

— LoQueSigue.tv (@LoQueSigue_) February 18, 2021

El rapero ya fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo aunque la Audiencia Nacional española decidió en 2019 dejarla en suspenso por circunstancias como que carecía de antecedentes penales cuando fue condenado, mientras que luego sumó otras condenas por otros delitos, entre ellas la confirmada ahora en Lérida, y está a la espera de otro juicio por atacar a la Policía de Cataluña.



Su ingreso en prisión ha sido denunciado por numerosas voces de ámbitos como el cultural en España, incluidos reconocidos artistas, y por organizaciones como Amnistía Internacional, mientras el Gobierno español se ha comprometido a revisar la legislación para que determinadas manifestaciones en el contexto artístico no conlleven la cárcel.