La funcionaria aseguró que pronto el Ministerio de Salud de la Nación publicará el protocolo de actuación que deberá regir en todo el país para garantizar la interrupción del embarazo a quienes la requieran, pero remarcó que la ley que votó el Congreso es “clarísima”. “Lo que hay que hacer es exigir a cada uno de los gobiernos provinciales que aseguren que haya profesionales que puedan llevar adelante la práctica”, afirmó y agregó que, a diferencia de los sanatorios privados, los hospitales estatales no pueden hacer una derivación a otra institución.

Elizabeth Gómez Alcorta se interiorizó sobre la implementación en Salta del plan nacional “Acompañar”, que ofrece apoyo económico y psicosocial a víctimas de violencia de género, y visitó el Polo Integral de las Mujeres. Además, se reunió con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta, Ricardo Villada, y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, entre otros referentes.

La ministra aseguró que la ley de Educación Sexual Integral encontró resistencia en provincias como Salta porque hubo quienes se ocuparon de instalar fantasías sobre los contenidos que implica.
Con respecto a los femicidios, dijo que se mantienen entre 200 y 300 anuales en el país en las últimas dos décadas, que Salta sigue mostrando algunos de los peores indicadores y que lo preocupante es que no bajen los casos a pesar de las políticas que se están generando en los distintos niveles.

Sobre la demanda de organizaciones que piden declarar una emergencia nacional por violencia de género, dijo que “simbólicamente” una medida así podría estar bien, pero que hay que ver qué aportaría en materia de programas de acción.

En Salta la violencia de género plantea una situación compleja. ¿Qué perspectiva tienen a nivel nacional sobre la realidad de la provincia?

Primero que nada, la situación de la violencia por motivos de género es complicada en todo el país. No hay ninguna región que esté fuera de esta realidad, que además se ha visto agravada por la pandemia y la implicancia de haber trasladado nuestra vida centralmente al hogar.
Lo que sí hay que decir es que la provincia de Salta está muy por encima de la tasa de femicidios y eso se viene sosteniendo a través de varios años. Por eso, para nosotros la región es prioritaria para articular algunas de las políticas que estamos llevando adelante. En el Consejo Federal de Femicidios, creado por el Presidente de la Nación, hubo una decisión de comenzar con la primera reunión en el NOA. Se desarrolló en la provincia de Tucumán, justamente por esta realidad.

Si bien la percepción general es que hay más femicidios, lo cierto es que las estadísticas oficiales en el país son recientes. ¿Tenemos datos para decir que están aumentando cada año?

Nosotros utilizamos como datos los del único registro nacional oficial, que es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a tener las cifras de 2020 en unas semanas. Es el único que utiliza fuentes primarias, es decir, que cuenta todas las causas judiciales por muertes violentas de mujeres travestis y trans y no específicamente las que tienen una carátula de femicidio. Eso requiere un análisis y un trabajo que se hace con tiempo, por eso no se tiene la información de lo que va del año.

Todos los índices de femicidios de los últimos diez años vienen siendo bastante sostenidos, altamente sostenidos. El Estado empezó a medir los casos hace poco, a partir de 2015. Previamente, había observatorios de la sociedad civil que trabajan sobre las noticias que salen publicadas, pero hay muchos hechos que quedaban excluidos. Incluso hay algunos casos que toman estado público pero que después resultan no ser femicidios.

Los estudios de información vinculada al sistema de estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación dicen que, por lo menos en los últimos 20 años, la tasa de femicidios está entre 200 y 300 casos por año. Quiere decir que no hay identificado algo que diga que están creciendo. 

Creemos que es posible que el año pasado, por la pandemia, pueda haber habido un aumento, no un aumento sustantivo pero sí un aumento. El problema es que, a pesar de que los Estados a nivel nacional, provincial y municipal vengan llevando adelante políticas de prevención y asistencia contra las violencias no logremos que el índice disminuya. Cuando uno piensa en 20 años atrás y ahora, el hecho de que el número se mantenga estable cuando más el Estado está trabajando es, de por sí, un problema.

En parte por esta realidad es que estamos empezando a ver en qué es lo que no se ha hecho y cuáles son los déficit estatales para que esto no haya empezado a reducirse. En ese sentido estamos trabajando en el Consejo Federal de Prevención de Femicidios. 

¿Qué rol tiene la visibilización de los femicidios? Algunos sectores tienen la percepción de que el hecho de que el tema esté tan expuesto en los medios y tan en agenda en el último tiempo ha generado también una reacción patriarcal adversa, con más violencia todavía.

No tenemos ningún estudio que afirme que el hecho de que se visibilicen los femicidios pueda provocar más femicidios. Eso no quiere decir que se pueda visibilizar de cualquier modo. Voy a poner un ejemplo. Si un programa de televisión llevó adelante un juego en el que se preguntó “¿dónde fue asesinada tal víctima de femicidio?”, si es que fuera así, con eso se visibiliza pero se banaliza. En ese caso, sí puede tener ese efecto. 

Cuando se comunica bien se cuida, por ejemplo, qué se dice de esa víctima. Si ponés el ojo en cómo era la vida de esa mujer, esa joven o esa piba, si salía, cómo estaba vestida, si tenía novio, si consumía drogas... Eso puede generar una sensación de que hay una “mala víctima”.

Lo que hay que trabajar mucho es en comunicar bien y tener un tratamiento específico. Hasta no hace mucho se hablaba de “crímenes pasionales”. Estamos dando pasos, trabajando en capacitaciones para medios de comunicación. Hay una responsabilidad muy grande de los medios. Para nosotras, visibilizar la violencia es importante. No creemos que pueda ser algo malo. 
También genera conciencia en las mujeres que están atravesando violencia de género, porque deben saber que también pueden ser víctimas.

Se aprobó la ley del aborto, pero en Salta hay un gran porcentaje de médicos que, en el sector público, son objetores de conciencia y se niegan a intervenir en la práctica ¿Cómo se trabaja para que la ley efectivamente se cumpla? 

La ley es clarísima, más allá del derecho que tiene cualquier profesional de ser objetor de conciencia y que no se vea afectada su convicción en que tenga que llevar adelante una práctica, a excepción de cuando está en riesgo la vida o se trata de un tratamiento pos aborto, como dice la ley. Si efectivamente todos los profesionales están en esta situación, el sector privado tiene la obligación de derivar a quien haga la consulta a un profesional que efectivamente le garantice la práctica. No quiere decir que tenga que contratarlo, pero sí tiene que tener una derivación. El sector público, más allá de eso, tiene la obligación de tener profesionales que garanticen la práctica. A diferencia del sector privado, que puede derivar, el sector público lo tiene que garantizar.
Hay que decir que el Ministerio de Salud de la Nación prontamente va a estar sacando el protocolo de actuación de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pero la ley es clarísima. Lo que hay que hacer, en todo caso, es exigir a cada uno de los gobiernos provinciales o incluso municipales, cuando sea atención primaria de la salud, que tengan asegurado que haya profesionales que puedan llevar adelante la práctica.

Hay provincias, como Salta, que declararon una emergencia por violencia de género y se plantea que a nivel nacional debería tomarse una medida similar ¿Qué opina de eso?

Las leyes de emergencia varían, porque declarar una emergencia solo en términos simbólicos no modifica en nada la situación de las políticas. Lo que uno se debe preguntar es para qué se declara esa emergencia, si es para facilitar la adquisición de algunas cosas, si tiene que ver con recursos o tiene que ver con una cuestión simbólica. En ese sentido, más allá de que se trata de una decisión de los poderes legislativos, a nivel nacional el Gobierno creó la máxima institucionalidad y aumentó 13 veces el presupuesto en materia de género en relación a la gestión anterior. Hablar de la emergencia simplemente con carácter simbólico puede estar bien, pero no sé qué puede aportar en materia de políticas. Y si hablamos de una política en particular, tendríamos que pensar cuál para ver si estoy de acuerdo.

Con respecto a las elecciones, este fin de semana hubo cierre de listas en Salta y pese a que el tema de género está en agenda, lo que se termina viendo es que hay pocas mujeres a la cabeza de las listas ¿Va a tratar este tema con referentes de la provincia?
 
Tengo reuniones con promotores, no con las organizaciones. Sé que efectivamente son pocas. Las leyes de paridad son medidas de acción positiva que necesariamente hay que tomar porque, cuando la desigualdad es estructural, el sistema reproduce desigualdad. A pesar de la obligación de tener paridad, los que terminan encabezando son los varones. En definitiva, seguimos estando en minoría aunque las leyes indiquen lo contrario. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte con todos los partidos.
Hemos avanzado mucho a nivel de los poderes legislativos. Los poderes ejecutivos venimos mucho más atrás y los judiciales también. Los municipios son muy pocos, creo que por abajo del 20 por ciento en el país, los que están encabezados por mujeres. Quiere decir que todavía el ámbito de la política sigue siendo de privilegio para los varones.

¿Los gobiernos deben tener cupo laboral trans?

Desde el Gobierno de la Nación no solo apoyamos el proyecto de ley, que estará próximo a tratarse en la Cámara de Diputados y Diputadas sino que el Presidente se adelantó con la firma de un decreto de obligatoriedad del 1 por ciento de cupo laboral travesti - trans en la administración pública nacional. El cupo laboral no es magia, hay que trabajar para la inclusión de las personas que no cuenten con requisitos para entrar en la administración pública, como tener el secundario completo.

¿Por qué cree que en provincias como Salta la Educación Sexual Integral encuentra tanta resistencia de algunos sectores?

Creo que la ley de Educación Sexual Integral es poco conocida en cuanto a sus contenidos. Hay algo vinculado a la fantasía, que seguramente debe tener que ver con el nombre y con campañas que se han hecho para que la gente no termine de comprender cuáles son los temas que se dan.

Centralmente tiene que ver con el cuidado y el respeto, con conocerse y conocer además, siempre de acuerdo a las edades, las sensaciones, los sentimientos, qué se puede y qué no se puede aceptar, entre tantas otras cosas. 
Creo que tiene mala prensa, no por culpa de la prensa. Han intentando que la mayoría de la población, sobre todo en ciertos lugares con culturas más conservadoras, se oponga a su implementación, cuando fundamentalmente tiene como función prevenir abusos sexuales y violencia por motivos de género. 

En algunas provincias más conservadoras efectivamente ha calado la idea de que los contenidos de la educación sexual integral están vinculados a la promoción de prácticas sexuales. Pero eso no es espontáneo. Creo que han trabajado mucho en algunas provincias durante mucho tiempo para decir que la educación sexual integral es algo que efectivamente no es.