Finalmente el juicio por el robo de caños del gasoducto del NEA, en el que están involucrados una decena de imputados, entre ellos el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado dará comienzo el 24 de junio próximo, según confirmaron desde la Justicia Federal.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Abel Fleming, quien presidirá este caso.

La primera jornada del debate está prevista para las 16 horas, a partir de la cual se espera la lectura de los fundamentos del requerimiento de elevación a juicio y los primeros testimonios de los acusados, aunque no se dio a conocer el orden de las declaraciones.

Tras esta primera jornada, la continuidad del debate pasará para el mes de julio, con fechas previstas para el miércoles 7, jueves 9 y miércoles 28 y jueves 29 de ese mes. Desde allí el juicio se retomará todos los miércoles y jueves subsiguientes hasta la finalización del proceso, en el que se descuenta que habrá un intenso trabajo de análisis y debate, tanto por el volumen del expediente como por la cantidad de imputados.

Las actuaciones

Las actuaciones se iniciaron en febrero de 2020 tras un primer procedimiento en el que gendarmes detuvieron a dos camiones con caños del Gasoducto del NEA, en Aguaray. El 18 de mayo de ese año se formalizó la acusación contra Prado, Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, y el titular de la empresa mendocina Osip SA, Diego Alos, quien aparece como uno de los principales mentores del millonario robo.

Según la acusación, los imputados planearon el saqueo de 35 kilómetros del GNEA, que atraviesa Aguaray y parajes cercanos como Alto La Sierra y El Desemboque. En allanamientos realizados en Aguaray, Alto La Sierra, General Mosconi y el conurbano bonaerense se recuperaron cerca de 260 caños. Según documentación secuestrada en los operativos, las ganancias del delito fueron calculadas en aquel momento en 1,5 millones de dólares por la reventa ilegal de los caños de alta presión en el mercado negro.

En su acusación, el fiscal Eduardo Villalba estableció que los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante la maniobra con el único objetivo de "apropiarse ilegalmente de bienes del Estado nacional, en este caso caños del Gasoducto NEA, con el solo fin de obtener un provecho económico con su comercialización".

Para Villalba, en la primera etapa del saqueo, Prado habría actuado junto a Céspedes, quien "siguió a su jefe a sabiendas de que lo que hacían era un delito". Alos y Prado contrataron a Adrián Vera, un joven empresario mendocino que se sumó al plan con otros acusados, como Cristián Buczek, quien se desempeñaba como encargado de la firma Vera SA. La hipótesis de la Fiscalía es que Vera ingresó a la cadena delictiva para seguir con la sustracción y comercialización de los caños, por lo cual recibió $800 mil. Con ese dinero contrató en General Mosconi a Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, quien proporcionó la maquinaria necesaria para la extracción de los caños. En la misma localidad Vera habría ingresado en la maniobra a Miltón Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, quienes aportaron un predio para el acopio de los caños sustraídos.

Un saqueo planificado y la resolución

Según la acusación de la fiscalía, los imputados planearon el saqueo de 35 kilómetros del GNEA, que atraviesa Aguaray y parajes cercanos como Alto La Sierra y El Desemboque. En allanamientos realizados en Aguaray, Alto La Sierra, General Mosconi y el conurbano bonaerense se recuperaron cerca de 260 caños.

Como parte del plan, Alos envió el 10 de diciembre de 2019 al recién asumido intendente de Aguaray una nota solicitando autorización para llevar adelante supuestas tareas de saneamiento ambiental. En base a ese pedido, 13 días después Prado dictó la cuestionada resolución municipal 1.215.

“Para lograr este negocio millonario los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha días antes de que Prado asumiera como intendente, cuando el empresario Alos presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de pasivos ambientales”, indicó Villalba. Con la resolución municipal 1215/019, los camiones cargados con caños sortearon los controles.