Son un puñado de pequeños comercializadores de granos, todos salteños. Por efectos de la pandemia se vieron obligados de reconvertirse, como tantos miles de ciudadanos del país y del mundo.

Pero nunca pensaron que tratar de aportarle dólares al país, que tanto los necesita, terminaría convirtiendo la iniciativa en unas ganas bárbaras de pasar de exportar mercadería de manera ilegal.

Cabe recordar en este punto que hace una semana estalló un soberano escándalo en dependencias de Gendarmería Nacional en Aguaray y Salvador Mazza donde, tras varios allanamientos realizados por personal propio de la fuerza, terminaron presos varios integrantes de la misma, incluyendo comandantes. Los procedimientos de marras estuvieron destinados a desbaratar una aceitada red de exportación ilegal de granos, regenteada por los jefes de los destacamentos fronterizos.

Y, como si todo eso fuera poco, este lunes, decenas de bagayeros, o trabajadores de frontera como se dio en llamar en los últimos años a estos contrabandistas profesionales, comenzaron a hacer advertencias de que se estarían quedando sin trabajo, como una forma de prender la luz sobre la carencia de fuentes de ingresos, dado que los camiones con granos comenzaron a pasar a de manera legal, precintados a Bolivia, como manda la ley, o directamente dejaron de llegar a la frontera.

Veamos el relato de un comercializador frustrado. J.C., por darle un nombre, dado que pidió reserva de su nombre, explicó que hasta el año pasado trabajaba en el sector inmobiliario y por efectos del parate originado en la pandemia se vio obligado a reinventarse.

"Así fue que hace siete meses me metí en la página web del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (Magyp), para inscribirme como comercializador de granos", dice joven este salteño.

Y continúa: "Como no hay oficinas habilitadas en ningún lugar del país, siempre por las mismas razones, todos los trámites hay que hacerlos por mail, lo que significa estar atado a esperar las respuestas que para nada son inmediatas".

Primeros tropiezos

Para empezar a hablar, dicho en criollo, le pidieron que pagara un arancel de $18.000, condición para iniciar legalmente el trámite. "Pagué el dinero requerido y comencé a juntar todos los papeles, como libre deuda, inscripciones en DGI y Rentas, etcétera", relata J.C.

"Y una vez que cumplí con todos los requisitos me corrieron el arco", relata con desazón. El comercializador se refirió así a la resolución 60/21, emitida por el Magyp, que establece nuevos requisitos para quienes deseen ser comercializadores de granos y tramiten el RUCA, como se denomina en la jerga el Registro Único de Comercializador Agroalimentario.

Cabe señalar aquí que el Gobierno nacional cerró por un tiempo las exportaciones de maíz, a lo que piensa dedicarse J.C., con la excusa de que al exportar se encarece el precio interno y eso hace que aumente el precio de la carne. ¿Raro, no?

Rechazo sin razones

Pero, y aquí está el meollo de la cosa, cuando J.C. concluyó con todos los trámites, cumplimentó los nuevos requisitos y envió un último mail, esperanzado en poder comenzar a exportar maíz a Bolivia, un analista le contestó que se había resuelto denegarle la inscripción, sin darle razones.

"Lo que se genera con estas actitudes es empujarlo a uno a convertirse en contrabandista", definió tajante.

"Todo está dado para que el pequeño exportador no pueda trabajar dentro de la normativa vigente y eso desata la comercialización ilegal porque del otro lado hay demanda insatisfecha", abundó J.C.

El relato de frustrado comercializador de granos concluyó con algunos datos interesantes: "Con otros compañeros en la misma situación acudimos a la oficina de Comercio Exterior de la Provincia, sin obtener resultados. La gente de Pro Salta y legisladores nacionales también nos prometieron gestionar soluciones, pero hasta el momento no aparecen. Pero, curiosamente, alguien me sugirió que me ponga en contacto con un gestor de Salvador Mazza", dijo J.C. por último.