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Una de las manifestaciones que se realizaron frente al Colegio Santa María.
En 2018 le prohibieron a un alumno usar una pulsera a favor de la diversidad sexual y castigaron a cuatro compañeros que publicaron fotos en las redes sociales para apoyarlo.
22 DE Julio 2021 - 01:47
El Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo) consideró que el Colegio Santa María tuvo un accionar discriminatorio y homofóbico en 2018, cuando le exigió a un alumno que dejara de usar una pulsera a favor de la diversidad sexual y sancionó a cuatro compañeros que intentaron defenderlo.
Santiago Coraita tenía 16 años el 28 de septiembre de 2018, cuando cursaba cuarto año en esa institución privada y un tutor lo llamó aparte para informarle que debía sacarse la pulsera multicolor que llevaba habitualmente porque iba "en contra de los valores" del colegio. Luego se sabría que la orden obedecía a una indicación de la dirección.
Angustiado por la situación, lloró y les comentó lo ocurrido a algunos de sus amigos, que se solidarizaron y le demostraron apoyo. Luego lo citaron en la dirección, donde las dos máximas autoridades le dijeron que no podía usar el accesorio porque no era parte del uniforme. Respondió que, afuera, muchos chicos tenían anillos colgantes o vinchas, pero que solo él estaba en esa habitación.
Antes de que terminara el día, cuatro chicos del curso de Santiago se habían pintado la bandera que representa a la comunidad LGBTIQ+ en las muñecas y habían compartido en las redes sociales fotos de sus manos entrelazadas para repudiar la discriminación.
Las autoridades interpretaron que una de las publicaciones era un insulto grave al colegio porque se veía una señal de "fuck you" e iniciaron una investigación para sancionar a los estudiantes que habían sido parte. Cuando los encontraron, les pusieron 14 firmas que los dejaban al borde de la expulsión y les comunicaron que debían irse a otra escuela cuando terminara el año.
El caso generó manifestaciones contra la homofobia frente al colegio, gran repercusión mediática, una multa del Ministerio de Educación de Salta para la organización y una denuncia ante el Inadi, cuya resolución se conoció ayer. El organismo consideró que el accionar del colegio fue abiertamente discriminatorio.
En un proceso que llevó casi tres años, se recogieron testimonios de las partes y documentos. Las autoridades del colegio sostuvieron que solo le habían pedido a Santiago que no usara el accesorio solo porque no era parte del uniforme que se establece en el código de convivencia e intentaron negar que la orden tuviera que ver con lo que representaba. También destacaron que tenían políticas de inclusión y respeto a la diversidad.
En un extenso dictamen, el Inadi respondió que no podían desconocer qué significaba esa bandera todos los referentes del colegio involucrados en la situación -un tutor, un coordinador, la directora y la vicedirectora- luego de la sanción de las leyes nacionales de matrimonio igualitario e identidad de género, que implicaron una difusión masiva durante años de los símbolos contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.
El organismo también llamó la atención sobre la contradicción que implica plantear que el colegio tenía políticas contra la discriminación y en paralelo afirmar que ninguna de las máximas autoridades era consiente de lo que implicaba intentar prohibir los colores de la diversidad en la institución.
Aníbal Anaquín, abogado de Santiago Coraita y de los cuatro compañeros castigados por apoyarlo, resaltó lo que implica el dictamen del Inadi en términos de antecedente. "Esto es para crecer. Ojalá este colegio y muchos otros aprendan a respetar la diversidad y la libertad de expresión", indicó.
"Cuando dio su testimonio, el tutor dijo que era la primera vez que le pedían que le haga sacar una pulsera a un chico. Tratar de invisibilizar a un colectivo también es un acto de discriminación, como lo estableció el dictamen", señaló el abogado.
La resolución del Inadi sostiene que los códigos de vestimenta o convivencia no pueden vulnerar el derecho a la identidad o la libertad de expresión. "El colegio no se puede amparar en el hecho de que la familia firmó un contrato educativo para afectar derechos de los alumnos", explicó Anaquín.
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