El juicio que se sigue adelante en el Tribunal Oral Federal 2, bajo la dirección del juez Abel Fleming junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule, se reanudó hoy con la etapa otorgada para los acusados dispuestos a prestar declaración.

El juicio, iniciado el 25 de junio pasado, se lleva adelante en contra de 10 imputados por diversos delitos, entre ellos robo agravado, defraudación a la administración pública y encubrimiento. Las calificaciones están vinculadas a hechos que tienen como eje central la extracción y venta de caños del Gasoducto GNEA.

Los acusados son el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el ex secretario de Haciendas, Fredy Marcelo Céspedes; los empresarios Diego Alos, de OSYP SA; Matías Rossi, de COMARFIL SA, Adrián Antonio Vera y Cristián Buczek, de Vera SA; Miltón Saavedra y Bruno Degoy, de M&P Servicios Especiales; Andrés Ayala, de PERTERSER SRL y Dante Rodríguez.
Tras los alegatos de apertura, en los cuales el fiscal general Eduardo José Villalba ratificó la acusación contra todos los acusados, a la vez que repasó la modalidad ilícita desplegada, mencionó las pruebas reunidas y resaltó el grave daño causado al Estado Nacional.

Ante la oportunidad de prestar declaración, previo a la etapa testimonial, sólo cinco imputados todos defendidos por el abogado Sergio Heredia- accedieron a expresar su versión de los hechos. Céspedes fue el primero en hacerlo, siendo seguido por Saavedra, Buczek, Degoy y, por último, Rodríguez.

Al declarar, el ex secretario de Haciendas hizo un largo relato de su trayectoria dentro la municipalidad de Aguaray, para luego reconocer haber firmado la resolución municipal Número 1215/19, mediante la cual el ex intendente Prado autorizaba la extracción de caños por parte del empresario Alos, en el marco de una tarea de saneamiento ambiental.

Cabe recordar que, mediante esta resolución, Prado permitió la extracción de los caños que luego la empresa OSYPSA transportó y comercializó a otras firmas, según la acusación penal que tiene a Prado y Alos como los principales acusados.

Teoría del caso

De esta manera, Céspedes ratificó la teoría del caso expuesta por la fiscalía en cuanto a la génesis de la principal maniobra dispuestas para la extracción ilegal de los caños, los cuales se trata de bienes del Estado Nacional y, por ende, el ex intendente no tenía injerencia ni potestad para disponer de los mismos.

Si bien el ex secretario de Haciendas trató de justificarse en el desconocimiento de que dicha resolución podía generar un accionar ilegal, finalmente, y ante preguntas de la fiscalía, reconoció su participación en los hechos investigados. No obstante, responsabilizó en todo momento a Prado como el principal autor de la maniobra.

Seguidamente, Saavedra, de la empresa MyP Servicios Especiales, se refirió a cómo ingresó en la cadena delictiva que se había puesto en marcha con el fin de apropiarse de los caños del gasoducto, en este caso, en el paraje El Desemboque, ubicado en Santa Victoria Oeste.

Al igual que Céspedes, el empresario trató de justificar su participación y la de su empresa en el desconocimiento de que los caños eran robados, algo que también afirmó su socio Degoy. Ambos, afirmaron que su participación en los hechos se produjo a partir de la aparición de Vera.

Sostuvieron que este acusado les presentó documentación que, posteriormente, descubrieron que era falsa. No obstante, y pese a la experiencia de años en la zona, reconocieron que no atinaron a verificar los dichos de Vera respecto a que había ganado una licitación de otras empresas reconocidas para extraer los caños del gasoducto.

Admitieron también haberle alquilado a Vera parte del predio de su empresa para el acopio de los caños. Incluso ingresaron en la red de comercialización de los mismos por un monto millonario, del cual desembolsaron 800 mil pesos.

Buczek, quien era empleado de Vera, declaró en el mismo sentido que los dos empresarios, pues estuvo y participó de las maniobras desplegadas para extraer los caños en El Desemboque, convirtiéndose en la cara visible de su empleador en los distintos hechos.

Pese a reiterar que desconocía la ilegalidad de las tareas que hacían en ese paraje, Buczek admitió haber participado de las mismas. Aportó detalles precisos de las maniobras, entre ellas confirmó la presencia de camiones procedentes de Mendoza, lo que reforzó la vinculación de Alos como otra pieza clave en los hechos imputados.

Rodríguez, quien responde por un hecho de robo de caños anterior a los casos que surgieron en febrero pasado, prestó declaración por videoconferencia y, en todo momento, negó haber participación del robo de 14 caños, hecho por el cual un cómplice ya fue condenado tras reconocer el hecho e implicarlo como otro responsable.

Concluidas las declaraciones de los imputados, el juez Fleming dio paso hoy a la etapa testimonial. El primer testigo en sentarse ante el tribunal fue Sergio Figueroa, inspector de obras de la empresa Integración Energética Argentina SA, ex ENARSA.

Inspector de obra

Figueroa, quien realizó numerosas denuncias por robos y vandalismo en la zona, reveló ante preguntas de la fiscalía haber radicada una denuncia el 7 de febrero de 2020, la cual dejó al descubierto todo el andamiaje fraudulento y la cadena de robo de caños.

Indicó que, a partir del llamado de un colega, de la empresa TGN, es que pudo advertir la sustracción de caños del gasoducto, los cuales eran transportados por un camión. Dijo que, al verificar la carga, constató que se trataba de bienes del gasoducto GNEA.

Sobre la documentación que el conductor del camión presentó, Figueroa explicó que se trataba de un remito a nombre de la empresa OSYP SA, propiedad de Alos, que facultaba el traslado hacia el sur del país, aunque luego preciso que iban a un predio en la localidad bonaerense de Quilmes.

Acto seguido, y ante preguntas de la fiscalía, las defensas y el tribunal, el testigo se refirió a detalles técnicos de los caños, como la identificación, tanto por parte de la fábrica de origen como de la misma empresa IEASA, como así también explicó la trazabilidad y otros detalles relacionados al gasoducto.

Aunque no precisó el valor económico de los caños, Figueroa sí se refirió al grave daño causado por las maniobras desplegadas para la sustracción, su afectación y el estado de la obra en las cinco provincias que esperaban verse beneficiadas con el gasoducto.

También afirmó que los caños, en caso de permanecer enterrados, no podían afectar el ambiente, lo que cobró vital relevancia, pues gran cantidad de ellos fueron extraídos por los acusados mediante el uso de maquinarias de peso.

Reconoció que los caños extraídos de manera ilegal rondan, entre los 600 y 700, de los cuales se recuperaron 260 a partir de tareas llevadas adelante por la fiscalía. Asimismo, descartó que dichos caños puedan volver ser utilizados, pues debería pasar por varios controles. Mañana, en tanto, el tribunal seguirá con la declaración de Figueroa, a quien seguirán otros empleados de la firma.