En el juicio seguido contra el exintendente de Aguaray, Jorge Prado, y otros nueve imputados por el robo de caños del Gasoducto del NEA (GNEA), el fiscal general Eduardo Villalba desistió del testimonio del exdirector de Rentas, Gustavo de Cecco, por su probable incursión en un hecho delictivo vinculado al caso.

Villalba decidió avanzar contra el exfuncionario provincial luego de las declaraciones que personal subalterno de la Dirección General de Rentas (DGR) prestó, el pasado miércoles 11, en relación con un procedimiento de control que terminó con un cargamento de caños liberado de modo aparentemente irregular.

Al finalizar esa audiencia ante el Tribunal Oral Federal 2, y en el repaso rutinario de la lista de testigos para la jornada siguiente, el fiscal pidió la palabra y desistió de convocar a De Cecco. Luego explicó que la decisión respondía a la probable incursión del exfuncionario en un hecho delictivo. Esta probabilidad, según agregó, surgiría de las "contundentes declaraciones" de varios testigos que tuvo esa jornada, entre ellos dos inspectores de la DGR y un camionero.

Los tres se refirieron al secuestro y posterior liberación de un equipo de transporte que fue detenido en enero de 2020 con 15 caños saqueados al GNEA.

Villalba adelantó que esas declaraciones testimoniales serán remitidas a la Fiscalía que por competencia corresponda, a fin de que se investigue y determine la posible responsabilidad penal del exdirector u otras autoridades en los trámites que derivaron en la liberación del camión, lo que surgió, según los testimonios vertidos, como un hecho presuntamente irregular.

En un primer tramo de la audiencia el tribunal que preside Abel Fleming junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule escuchó a los dos inspectores que el 29 de enero de 2020 actuaron en un control móvil sobre la ruta provincial 5, a la altura del Río del Valle, en Anta. Uno de ellos recordó que ese día controlaron un camión que provenía del norte de la provincia con destino a un predio del partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Llevaba una carga de 15 caños para la firma OSYP SA, propiedad de Diego Alos, uno de los principales imputados de la causa. Según la documentación exhibida ante los agentes de Rentas, los tubos tenían como destinataria a Comarfil, firma cuyo dueño, Matías Rossi, es otro de los diez imputados que enfrentan cargos por robo calificado, defraudación a la administración pública y encubrimiento agravado.

Inexplicable

El inspector más experimentado sostuvo, sin fisura, que el transporte de los caños incurría en una infracción, pues la empresa mendocina no estaba inscripta comercialmente en Salta, por lo que se labró un acta de infracción y se dispuso la retención de la carga.

Sus dichos fueron coincidentes con lo que relató su compañero, quien confirmó el secuestro dispuesto sobre los caños. Los dos inspectores fueron claros sobre la situación irregular que saltó a relucir en el control caminero, ya que al revisar si la empresa mendocina estaba registrada o encuadrada a algún convenio que le permitiera operar comercialmente en Salta, advirtieron que no había nada que habilitara el transporte de la carga.

No obstante, a los dos días, y tras el descargo realizado por la empresa ante las autoridades de la DGR, el exdirector de ese organismo de la Provincia dispuso que se liberara la carga y se permitiera al camión seguir su trayecto comercial hacia Buenos Aires.

En el juicio los inspectores no pudieron explicar por qué razón se liberó la carga ni qué pudo haber argumentado la empresa para que se autorizara al camión a continuar con su viaje. También afirmaron que desconocían, al momento de labrar la infracción, que los caños eran robados y provenían del Gasoducto del NEA.

Por su parte, el chofer del camión que fue retenido en Anta con tubos saqueados en el norte salteño sostuvo que tras la infracción labrada por los inspectores informó la situación al operador de la carga. Agregó que después le dijeron que ya habían "pagado" y que el inconveniente estaba "solucionado".

Por otra parte, una funcionaria de Gendarmería Nacional declaró que fue comisionada para verificar el domicilio comercial aportado por la empresa OSYP en el barrio 350 Viviendas de la ciudad de Tartagal, inmueble en el cual no encontró ninguna oficina comercial.

Explicó que habló con moradores que residen desde hace más de 15 años en esa vivienda y negaron que alguna vez se haya instalado allí una oficina de la citada firma. Vecinos de ese barrio, de acuerdo con el testimonio de la funcionaria de Gendarmería, tampoco tenían la menor idea de la empresa.