El juicio oral y público que en el ámbito federal se lleva adelante desde el pasado 30 de junio por el robo de 8 kilómetros de caños del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA) está en pleno desarrollo; son 11 los imputados por esta maniobra que la Justicia intenta desentrañar para determinar quiénes son los responsables de este robo que implicó millones de pesos de pérdidas para las arcas del Estado nacional.

Si bien en un primer momento la Fiscalía habló de 30 kilómetros de caños sustraídos en el norte de la provincia, del tramo que construía la empresa Servicios Vertúa, que quedó interrumpido hace un par de años, al iniciarse las audiencias orales y públicas se confirmó que se trataría de solo 8 kilómetros.

Dos de los citados fueron recuperados en otras provincias pero en pésimo estado, de modo que no pueden ser utilizados para una instalación de tanto cuidado como son los gasoductos de alta presión.

De hecho, muchos de esos caños ya habían sido cortados para ser utilizados como bebederos para animales y otros usos.

Entre los 11 imputados se encuentran el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, su secretario de Hacienda Freddy Céspedes y otras 9 personas entre funcionarios y empresarios, entre los que se destaca Adrián Vera, quien estuvo prófugo.

El citado vendió los caños en otras provincias y tiene antecedentes por este tipo de ilícitos, pero al entregarse hizo una suerte de arreglo con la Fiscalía para ayudar a desentrañar este sonado y complejo caso.

Para Ieasa, el ideólogo es Vera

Sebastián Smith es el asesor legal de la empresa estatal Ieasa, la ex Enarsa, y en diálogo con periodistas de la zona explicó que "este juicio, que comenzó hace unos meses con audiencias semanales, está justamente ceñido a la investigación tanto de la autoría como la participación de los imputados señalados. Es decir el exintendente Prado, algunos miembros de su gabinete municipal, el famoso empresario Adrián Vera y otros de Mendoza y Buenos Aires. Son gente asociada al municipio apareciendo Vera como el ideólogo de toda esta situación", consideró.

El letrado aclaró que en la causa del robo de los caños del GNEA "se investigan tres hechos separados, donde cada uno tiene sus autores y partícipes, pero que no están necesariamente entrelazados. En este juicio -agregó el letrado- se está ventilando cierta información que nos indicaría que acá puede haber habido participación de otras personas aparte de estas 11 y que pueden ser materia de investigación en otra causa".

"Por un principio legal, en esta instancia no puede convocarse a esas personas ni siquiera como testigo. Si eso sucediera la Justicia estaría imposibilitada de investigar a esas personas o imputarlas por haber declarado como testigos, bajo juramento de decir verdad. Por eso, creo que primero hay que terminar con este juicio, pedir condena para los responsables sobre estos hechos donde se está investigando la sustracción de casi 8 kilómetros de gasoducto", aclaró Smith.

El abogado agregó que en la audiencia del miércoles de la semana anterior "se exhibieron fotografías de caños en estado de notorio abandono de una planta en Campo Durán, que difieren absolutamente con los caños que secuestró Gendarmería y que se transportaban en los camiones. Tanto la Fiscalía como esta querella sostienen como teoría del caso que la resolución municipal (que lleva la firma del exintendente Prado y del exsecretario de hacienda Fredy Céspedes) se redactó de manera tal que si la maniobra se descubría, podrían ampararse en esa resolución argumentando que los caños podrían ser considerados como un pasivo ambiental.

La palabra del fiscal Villalba

Quien llevó adelante toda la investigación que terminó con la imputación de los primeros 11 involucrados en la causa es el fiscal federal Eduardo Villalba, quien también hizo referencia al sonado caso: “Se trata de un juicio largo, que requiere mucho análisis de pruebas documentales, pruebas testimoniales, fotografías y filmaciones”.
“Los hechos han sido cometidos hace un año y ya estamos juzgando a quienes el Ministerio Público acusó, es decir a las 11 personas. Por tanto es saludable y es una buena noticia para Aguaray que producto de la implementación del Código Procesal Penal Federal la comunidad puede advertir que al poco tiempo ya se está juzgando para poder determinar si la acusación se confirma”, explicó Villalba.
Y agregó que de esta causa “seguramente se irán conociendo otros hechos delictivos; son 11 imputados y entre ellos hay empresarios que habrían encargado la maniobra. Se insiste en que hay otros responsables, pero primero tenemos que agotar y saber la verdad en relación a estos 11 imputados y a partir de ahí se irán desmembrando otras investigaciones”.
“De hecho puede surgir una nueva causa con nuevos imputados. En relación con la responsabilidad de las autoridades provinciales, se ha remitido el tema a los fiscales provinciales, porque ahí no somos competentes”, manifestó Villalba en relación a que las maniobras podrían involucrar a funcionarios de Rentas provincial. 
El fiscal federal se refirió al rol que en la causa le cabe al abogado Sergio Heredia, quien oficia de defensor de varios de los imputados, entre ellos del exsecretario de Hacienda Freddy Céspedes. “El doctor Heredia, además de defender a quienes él considera que no han estado involucrados en la maniobra, está apuntando a otros responsables. En definitiva, a lo largo de este juicio se determinará quiénes son los culpables del hecho, pero también a quiénes más se debe investigar”.