La jueza del Juzgado de Garantías 7, en octubre pasado admitió el recurso judicial interpuesto por el abogado Pablo Atea, en representación M.C.G., contra el decomiso dispuesto por la Dirección General de Rentas (DGR) y ordenó devolver a su dueño la mercadería consistente en 57.600 unidades de bebidas alcohólicas, que habían sido secuestradas preventivamente el día 23 de abril de 2022 por el ente recaudador.

Funcionarios de la DGR en abril llevaron a cabo un procedimiento en el puesto fijo de El Naranjo, Rosario de la Frontera, donde detuvieron a un camión procedente de Buenos Aires con destino a la ciudad salteña de Aguas Blancas. El rodado llevaba 57.600 unidades de bebidas alcohólicas en supuesta violación a las disposiciones establecidas en el Código Fiscal y en la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con lo cual procedieron al decomiso de la bebida.

A la hora de la defensa técnica, el abogado argumentó que el yerro estuvo en interpretar un remito con el Código de Autorización de Impresión vencido como una infracción fiscal susceptible de una sanción como el decomiso, dado que es insuficiente a la hora de merituar la prueba física. Con lo cual, desde el Juzgado de Garantías 7 declararon admisible el recurso interpuesto por el abogado defensor.