Julián Aguirre es secretario general de la regional 14 de la Justicia Federal, entidad que representa a los trabajadores judiciales de Salta y Jujuy. Desde la organización se resolvió ayer hacer público un contundente reclamo por lo que consideran una inacción frente al avance del narcotráfico. En diálogo con El Tribuno, Aguirre se refirió a la preocupante situación que ven a diario desde los juzgados y fiscalías y explicó cómo eso afecta a los empleados.

¿Por qué decidieron salir a hablar ahora sobre el narcotráfico?

Es a raíz de los innumerables pedidos que venimos haciendo a la Procuración General de la Nación por recursos humanos y tecnológicos para combatir el narcotráfico. Vemos, a raíz de las distintas causas que llevamos adelante, una expansión del narcotráfico, más bien de organizaciones criminales transnacionales. Estamos hablando de carteles colombianos, peruanos, inclusive bolivianos. Se están apoderando del territorio argentino y el Estado no está haciendo nada. Prácticamente las fuerzas federales y provinciales no hacen nada. Los procedimientos que se llevan a cabo no son con investigaciones sino procedimientos de controles de ruta.

Nos llama poderosamente la atención que las fuerzas no trabajen con nosotros investigando e identificando quiénes son los miembros de estas organizaciones. Detienen a personas aisladas, que son choferes y eventuales transportistas y, generalmente, de nacionalidad boliviana. Eso es un indicador que tenemos desde principios de año. Advertimos la presencia de extranjeros conduciendo los transportes. Las organizaciones ya no dependen más de argentinos sino de personas de otra nacionalidad. Otro indicador son los sicariatos, que ya tuvimos varios casos en la provincia. Son indicadores muy puntuales de crímenes llevados adelante por sicaros de organizaciones mexicanas o colombianas. Tuvimos un encuentro con integrantes de Naciones Unidas, que nos dijeron que hace cuatro años que ven este fenómeno que se está enraizando en el país. En un año más esto puede llegar a transformarse en México. Obvio que esto nos prendió las alertas y estamos ahí para combatirlo. No podemos quedarnos pasivamente viendo cómo se apoderan de nuestro territorio

¿Desde cuándo ven que se profundizó este fenómeno?

Lo vemos venir desde hace tiempo, pero este año fue potenciado. Tenemos información de que carteles internacionales se están apoderando del territorio, del norte y de toda la provincia, para llevar adelante sus negocios ilícitos, ya sea para el consumo interno o el transporte de estupefacientes hacia los puertos. Y también está la propia producción de estupefacientes en nuestro territorio. Vemos la pasividad y ausencia total del Estado. No podemos permitir eso. Tenemos diálogo frecuente con los magistrados que componen la unidad fiscal federal de Salta y de Jujuy. Todos hacen el reclamo al Ministerio Público y no vemos ninguna política de estos órganos ni del Ejecutivo para combatir a estas organizaciones.

Eso implica que están recargados en las tareas diarias...

El sistema acusatorio tuvo su inicio en 2019. Realmente el sistema es bárbaro, pero necesitás recursos, tanto humanos como tecnológicos, para llevarlo adelante.

Otro grave problema que tenemos son las fuerzas de seguridad. Hoy por hoy no generan confianza ni transparencia. Hay una corrupción institucionalizada tanto en las fuerzas federales como en las locales. Es tremendo y eso lo advertimos porque tenemos contacto directo con ellos.

¿Aumentó la cantidad de causas judiciales por narcotráfico?

Las causas, pocas se inician por motus propio. Generalmente las denuncias se diluyen, lo que vemos en el accionar de las fuerzas es que todo es por encuentros casuales, por aportes de información, pero no hay una investigación sobre quiénes son los responsables de ese transporte. A nosotros nos llega el procedimiento en sí, ahí tomamos intervención. Las causas no tienen la intensidad investigativa que aportaban antes las fuerzas.

Entonces están viendo complicidad de la Policía.

Y también la falta de recursos que aporta el Estado a las fuerzas. Sin ir más lejos, no tienen combustible para hacer vigilancia y seguimiento. No les dan viáticos si tienen que trasladarse, por ejemplo, a Salvador Mazza. Tienen que usar medios de transporte y logísticos pero no lo pueden hacer porque no les dan recursos.

Tienen que ir y estar a un costado de la ruta, dormir y comer como pueden y realizar las tareas. Obviamente, con todo el despliegue logístico que tiene el narcotráfico, son detectados inmediatamente.

¿Cómo está la situación de la frontera?

La frontera es muy extensa y totalmente permeable. Tenemos el río Bermejo, pero lo que es Jujuy , es una frontera seca. Salvador Mazza y Santa Victoria es lo mismo. Se pasa caminando, no hay obstáculos hídricos ni de otra superficie natural que sea un limite.

¿Tienen miedo?

No, temor no tenemos, pero necesitamos recursos. Las exigencias y el sacrificio que pone la gente provocan a la larga una crisis que repercute en la salud. Eso puede generar pedidos de licencia, ya sea médica o psíquica. Desde hace tiempo venimos reclamando a la Procuración. Hoy hablo de Procuración porque la persecución penal está a cargo del Ministerio Público Fiscal. En el sistema acusatorio después está el juez de garantías, que también está solo, no le aportaron escribientes. En Salta tenés solamente dos jueces de garantía. Después en el norte hay dos más.

Hay un olvido total del Estado nacional y provincial como de los poderes judiciales y el Ministerio Público.

Queremos que reaccionen los gobernantes y dirigentes para que podamos hacer una mesa de trabajo y proyectar una política criminal a acorto y largo plazo para combatir el crimen organizado. Y no solo es narcotráfico, es trata y tráfico de armas.