Desde hace una semana el municipio de Santa Victoria vive un clima de tensión y hostilidades pocas veces visto, con cortes de ruta que muestran las aguas divididas entre caciques de comunidades originarias por la privación a personas con discapacidad -incluidos niños y niñas- de la posibilidad de acceder a asistencias integrales que garantizan una Convención internacional con jerarquía constitucional en el país, otros tratados internacionales de derechos humanos y leyes de protección complementarias.

Lo paradójico del conflicto es que, esta vez, no son organismos nacionales y provinciales los señalados de incumplir con sus obligaciones en la zona declarada en emergencia sociosanitaria, sino algunos caciques que, con un corte de rutas, imposibilitaron hace algunos días que funcionarios nacionales del área de Discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del Registro Civil pudieran constituirse en Santa María para facilitar los trámites de acceso a las asistencias, como se esperaba.

Mateo Torrez, cacique de la Comunidad Mecle de Santa María denunció así la situación: "Estabamos muy esperanzados cuando vino la comisión de Discapacidad de Buenos Aires al municipio de Santa Victoria, porque en nuestras comunidades tenemos varias personas discapacitadas a las que les corresponde entrar en las asistencias del Estado. Solo en mi comunidad, yo tengo dos personas en esa situación", explicó Torrez, sobre las expectativas que había generado la llegada de los funcionarios la semana pasada a Santa Victoria.

"Tenían previsto recorrer distintas comunidades del municipio, pero cuando los esperábamos en Santa María, el hermano, junto a otros cinco o seis caciques más de Santa Victoria, les impidieron llegar cortando la ruta. No entendemos por qué hicieron semejante problema. Ante nuestro reclamo, los funcionarios nos dijeron que recibirían los papeles en el hospital de Santa Victoria. Los llevamos, pero por el lío que armaron no pudimos entregarlos. Además, sacaron con violencia al gerente del hospital (Ariel Sosa) y mucha gente internada, niños que necesitan atención, se vieron perjudicados", agregó el cacique de la Comunidad Mecle.

"El hermano Tito Constantino dice ser cacique general, lo que yo y otros 18 caciques de Santa María aclaramos que de ninguna manera es cierto. No lo reconocemos, ni aceptamos lo que él y su grupo están haciendo. Lamentablemente, detrás de su violenta actitud solo podemos ver mezquindades políticas y es por eso que hemos decidido cortar la ruta nosotros, en defensa del hospital de la zona de Santa Victoria y de los derechos de toda nuestra gente", remarcó Torrez, al aclarar por qué ayer comunidades de Santa María cortaron la ruta provincial 54 desde horas de la mañana. Durante ese bloqueo, en la tarde, se vivieron momentos de mucha tensión, cuando los manifestantes, indignados, vieron bajar "a Tito y su grupo de una Tráfic que tiene el municipio para transportar a personas discapacitadas. Es muy penoso y grave lo que está ocurriendo y nos preocupa el silencio del intendente (Rogelio Nerón) y otras autoridades del departamento, porque las comunidades de Santa María son parte del municipio y estas cosas no deberían estar ocurriendo", acotó Torrez.

Los derechos, vulnerados por mezquinas diferencias

Ante conflictos como el que tiene por estos días a personas con discapacidad afectadas por diferencias que caciques de comunidades originarias de Santa Victoria Este dirimen con cortes de rutas, bajo un clima de tensión que repercutió hasta en los servicios del hospital de la zona, es dable repasar algunas obligaciones y derechos que Argentina se comprometió a hacer cumplir y respetar ante las Naciones Unidas.

A través de la ley 26.378, el Congreso y el Ejecutivo Nacional aprobaron en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, los que por ley 27.044 tienen desde 2014 jerarquía constitucional.

  La Tráfic del municipio, fotografiada ayer en el corte de la ruta 54.

Esa Convención obliga a los Estados parte a "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

Para ello se deben "adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos", teniéndolos en cuenta en todas las políticas y programas.

Prestaciones

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones integrales para garantizar su bienestar e inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir sin excusa alguna las prestaciones preventivas, de rehabilitación, terapéuticas, educativas y asistenciales garantizadas.

La obligación incluye las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y cualquier otro aparato ortopédico que se requiera con orden médica.

Las personas con discapacidad que necesitan atención domiciliaria deben recibirla sin objeciones para favorecer su vida autónoma y evitar la internación.

Deben cubrirse todos los medicamentos, inclusive los que no son producidos en el país, y la atención odontológica integral.

Personas con discapacidad y sus grupos familiares que estén afectados por una difícil situación económica deben tener acceso prioritario a asistencias económicas, habitacionales, educativas, transporte y de cualquier otra índole.

La entrega de los certificados únicos de discapacidad que les garantizan el acceso a todas las prestaciones y asistencias son responsabilidad de las juntas evaluadoras correspondientes a su domicilio o jurisdicción.

Niños y niñas

Los Estados parte deben tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En todas las acciones, actividades, medidas o situaciones que se presenten una consideración primordial debe ser la protección del interés superior de la infancia.

Emergencia humanitaria

En virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, es un deber de las instituciones de la Nación, provincias y municipios tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad ante situaciones de riesgo y emergencias de carácter humanitario como la que tiene declarada la zona.