El año pasado fue uno de los peores para el PAMI local. El organismo cerró 2021 con diferentes causas abiertas en la Justicia, pedidos de cambio de autoridades hasta de los propios legisladores oficialistas y rumores de una posible intervención nacional. Por estos días la versión tomó nuevamente fuerza y aseguran que Verónica Molina, actual directora del Instituto, tiene el reloj en descuento. 

“En teoría a mediados de febrero o primeros días de marzo se va, pero no es formal”, aclaró una fuente de la institución. Más allá de que no sea formal, los datos al respecto se replican por diferentes vías. 
“Esta es la tercera vez en dos años que hay rumores de que la cambian, lo que nos ilusiona”, recordó otro trabajador del PAMI, que a su vez advirtió que “esta vez es diferente”, en alusión a cómo se conoció la noticia. 

La decisión con respecto al futuro próximo del organismo que La Cámpora tiene bajo su control se da en un contexto de fisuras en el frente oficialista nacional. 
“Luana Volnovich es del riñón de Máximo Kirchner, así que habrá que ver qué pasa”, resaltaron desde el organismo que, aseguran, quedará sumido en una puja política no solo por las discusiones que se dan en el plano nacional por estos días, sino también por quién asumirá a nivel local.

Diferentes trabajadores señalaron que desde el oficialismo local se busca promover a un representante que responda al ejecutivo local. Indicaron, Diego Albornoz, actual coordinador ejecutivo, reemplazaría momentáneamente en la dirección a Molina, para que luego asuman autoridades definitivas.

“De director pondrían a un chico que no tiene ni 30 años y trabaja actualmente en el gobierno provincial. Hubiéramos preferido que sea un médico”, lamentó una trabajadora, que opinó que preferirían “quedarse con lo que ya tienen”.

La gestión de Verónica Molina comenzó a estar bajo el ojo de la tormenta desde el año pasado, cuando en plena pandemia los reclamos de los jubilados se colaban en los diferentes medios de comunicación.

Denunciaban la pésima atención a la que eran sometidos con acuerdos que solo los perjudicaban.
Luego, a raíz de la causa por el cobro irregular del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por parte de funcionarios públicos, se conoció de la boca de los propios gerentes de sucursales del interior que desde la administración se les retenía un 20% del sueldo para la agrupación kirchnerista “La Cámpora”. Esto impulsó el primer allanamiento de los dos que se registraron en tan solo 5 meses.

Posteriormente, ya en épocas de elecciones, el fiscal federal Ricardo Toranzos abrió otra causa por un posible direccionamiento de donaciones de la aduana. El fiscal inició la investigación a raíz de publicaciones realizadas por el entonces concejal por el Frente de Todos Fernando Ruarte, quién pretendía renovar su banca.

El segundo allanamiento se dio a mediados de diciembre, cuando, nuevamente Toranzos inició una investigación por posibles contrataciones redireccionadas a “empresas amigas”. La hipótesis inicial es que estaban involucrados dos empleados del organismo del área de contrataciones.