El doctor Emilio Cornejo Costas, abogado penalista y socio a cargo del Departamento Jurídico del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, de Buenos Aires, estuvo en Salta días atrás, en el marco de la firma de una alianza con el estudio Campastro.

El abogado salteño, quien es columnista de este diario, explicó que por medio de esta alianza buscan brindar servicios a las empresas que hay en la provincia y a aquellas que -prevén- se instalarán en el marco del impulso a las actividades mineras.

Se refirió a la tensión que existe entre los empresarios y los distintos niveles del Estado en la Argentina y remarcó la importancia de contar con un buen asesoramiento, a fin de optimizar recursos y evitar problemas que, al final, resultan más costosos.
Mencionó la importancia de llevar adelante prácticas de cumplimiento normativo o “compliance”, para evitar que se cometan actos de corrupción en el vínculo entre las empresas y el Estado.

¿A qué se debe su visita a Salta?

Nos fusionamos en una alianza con el estudio Campastro, muy reconocido y bien conceptuado en Salta. Entendemos que todo el movimiento empresarial que hay en Salta, que crece cada vez más, sobre todo, por las inversiones en minería y en otros rubros también, necesita un buen asesoramiento en varios aspectos del negocio.

Cuando uno va a invertir, necesita saber a la perfección las muchísimas normas cambiarias del Banco Central, saber de precios de transferencias, de impuestos... Son un montón de normativas por las que, si uno no cumple, se expone a sanciones.
Con esta alianza, la idea es poder entre los dos estudios brindar la infinidad de servicios que hoy necesita seriamente una empresa importante para realizar inversiones.

¿Por qué buscaron un socio en Salta?

Nosotros estamos, además de en Buenos Aires, en Rosario, Mendoza, Córdoba y Corrientes. Nos interesa Salta porque nos une una amistad con el estudio Campastro y con Sergio Pantoja, con quien trabajamos desde hace varios años para lograr esta alianza, y porque consideramos que Salta va a “explotar” en algún momento, sobre todo, con las inversiones mineras. Entendemos que es una plaza importante y que estamos en condiciones de ser una opción para brindar estos servicios que necesitan.
 

¿Qué desafíos implica ser empresario en la Argentina?

Es difícil ser empresario en la Argentina... Hay muchos obstáculos jurídicos, impositivos, laborales y de toda índole. Si uno pone un emprendimiento o una empresa, es muy costoso cumplir absolutamente con todo lo que requiere el Estado. 

En materia impositiva, viene la AFIP; al día siguiente, la municipalidad... Uno tiene que tratar de cumplir con todo, pero no es fácil, porque las normas cambian constantemente.

Hay una tensión entre el Estado, que -obviamente- quiere recaudar, y el empresario que, como va a invertir, también quiere ganar dinero. 
Para ser empresario, hay que estar bien asesorado. Después, es más costoso solucionar problemas que prevenirlos.

En el vínculo entre empresas y Estado también se dan amiguismos o favores... 
Es importante que haya normas claras y competencia sana y leal. La corrupción está muy enquistada en la Argentina, en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal, con todas las consecuencias graves que esto trae.

Es importante tratar de fomentar la transparencia en el lado privado y también en el lado público. Hay que fomentarla, no con meras enunciaciones, normas o ideas, sino, con controles, que existen en todo el mundo. Se necesitan controles reales en el lado privado, para que sea más difícil que una empresa realice un pago indebido... Los controles tienen que estar antes, de manera preventiva, en los organismos públicos que trabajan con los privados. Es una realidad que, donde hay licitaciones y contratos con el Estado, siempre hay riesgos de que haya pagos indebidos para ventajas indebidas... 
Tiene que haber “compliance”, que significa “cumplimiento normativo” y que tiene que ver con transparencia e integridad... Tratar de cumplir con toda la normativa y evitar que de una empresa deriven riesgos de todo tipo, como los de corrupción o lavado de dinero. 

¿A qué tipo de controles se refiere?

Está estudiado cómo se hacen esos controles... Cada empresa puede tener su modalidad y su manera de controlar para evitar eso... Existe una ley y un organismo que se llama Oficina Anticorrupción, que suele dar lineamientos para que todos más o menos se acomoden a esos estándares internacionales o normativas, que estudian el tema desde hace 40 o 50 años.    Entre otros elementos, puede haber un código de ética bien difundido y explicado, con sanciones y apercibimientos. Puede haber una línea de denuncia anónima, que es lo que mejor funciona en Estados Unidos. Allí pueden denunciar libremente, sabiendo que no van a ser escrachados y, aparte, muchas veces, se benefician con un porcentaje de lo que se descubre. Un oficial de cumplimiento o “compliance officer” en la empresa sería una especie de comisario que trata de implementar estos controles y controlar que funcionen.    Son más de una decena de elementos que, entre todos, funcionan de tal manera que sea difícil para un empresario y para una empresa cometer un acto de corrupción. Lo mismo, del lado público.    

¿Confía en que esto se implemente?

Tengo la esperanza de que mejore un poco: si la Oficina Anticorrupción baja línea, como parece querer hacerlo con la resolución N° 22/2021, y empieza a obligar a los organismos públicos, a las provincias y municipalidades a implementar este tipo de normativa de transparencia, yo creo que se va a mejorar mucho. Sería un muy buen paso.    

Es cierto que, si del lado de las empresas son prolijos, están bien asesorados, cumplen con la normativa y hay una sinergia con el Estado, es todo más fácil. Habría menos recursos destinados a inspeccionar y a sancionar... Por cómo actúan, hay una tensión fuerte entre el Estado y los empresarios. Con un buen asesoramiento, quizás se puede reducir un poco la tensión: eso es sano para los dos lados y, seguro, ambos se ahorran recursos también.    .
 

“El empresario necesita tener bases sólidas”

El contador Sergio Pantoja, socio del estudio Campastro, mencionó que por medio de la alianza con el estudio Lisicki, Litvin y Asociados buscan consolidar la presencia en Salta y sumar “el bagaje de conocimientos y experiencias” que tiene el estudio porteño, sumado a los que tienen ellos, en otra escala. Comentó que el estudio Campastro tiene una trayectoria de más de 70 años brindando servicios profesionales en la provincia.     
Evaluó que esta alianza va a representar “una ayuda fundamental para quienes decidan emprender: Que tengan pilares sólidos de asesoramiento en cuestiones que muchas veces son nuevas, que tienen que ver con una problemática aduanera o cambiaria. Esto del ‘compliance’ tiene sus implicancias tanto desde el punto de vista de la empresa privada como desde el sector público”.    

Pantoja observó que “la maraña normativa” que existe en la Argentina y la falta de armonía en la relación entre las jurisdicciones muchas veces atentan contra el desarrollo empresario. Consideró que los distintos niveles del Estado deben atender esta situación y remarcó que es “una necesidad imperiosa para lograr un mayor desarrollo”.     

“El empresario que desea emprender necesita tener bases sólidas para llevar adelante sus emprendimientos y empresas”, señaló Pantoja. Mencionó que las inversiones en el sector minero, cuando empiecen a funcionar, van a producir un “derrame” hacia otras áreas y evaluó que esto “puede ayudar mucho al desarrollo de la provincia”.