Los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete imputados vinculados al entorno de Diego Armando Maradona fueron citados a declaración indagatoria por una fiscal de La Plata que los acusa de haber manipulado psicológicamente al fallecido astro del fútbol y de haberle suministrado “alcohol, fármacos y marihuana” para apropiarse de sus bienes y sus marcas para su provecho económico, informaron fuentes judiciales.
Morla y Stinfale -ambos exapoderados y letrados de Maradona- están identificados en esta causa como “organizadores del plan”. 
Aparte de a ellos, la convocatoria a indagatorias alcanza también a Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando “Charly” Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).
Se trata de una causa por “asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces” que lleva adelante la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, y el juez de Garantías 3, Pablo Raele, ambos de La Plata.
Este expediente era impulsado por algunos de los hijos herederos del “10” y se instruye en ese departamento judicial porque todas las maniobras denunciadas habrían ocurrido cuando Maradona, el ex DT de Gimnasia y Esgrima, vivía en el country Campos de Roca.

La investigación

Al describir el hecho que les imputa, en su resolución, la fiscal Corfield señala: “Desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año, en el Barrio Cerrado Campos de Roca ubicado en el partido de Coronel Brandsen, los imputados Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibáñez redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”.
Al continuar la imputación, Corfiel afirma que esos acusados le restringieron a Maradona “el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura”.
“Se encuentra acreditado que solo podían acceder a visitarlo quienes estuvieran autorizados previamente por alguno de los imputados, y si para el caso se autorizaba la visita o contacto telefónico de algún amigo o familiar, la orden era que no podían quedar solos, siempre debía estar presente uno de los imputados o persona de confianza de ellos, como lo eran los encargados de seguridad, para ver y oír todo cuanto allí sucediera y hasta, cuando se tornara inconveniente para sus intereses, intervenir para disolver el contacto”, señala la fiscal.
Corfield indica que “con el mismo fin, el de impedirle contactarse con amigos y familiares, cambiaban permanentemente sus números de abonado telefónico y le manipulaban los aparatos de telefonía celular, a los que les modificaban la agenda de contactos, o los colocaban en modo avión, para que no pueda generar ni recibir comunicaciones”.
Además, la fiscal afirma que “de forma paralela, no obstante el conocido historial de adicciones de la víctima le suministraban alcohol, fármacos y marihuana, para mantenerlo en estado de confusión mental”.
La representante del Ministerio Público agrega que todo ello era “con el fin mantenerlo bajo su poder y a la vez, facilitarles la obtención de su firma, en documentos de distinta naturaleza”.
“Aislado de familiares y amigos, los organizadores del plan, Stinfale y Morla, pusieron alrededor de la víctima a personas que respondían a sus intereses”, señala.
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