Las previsiones para este año sobre los giros a las provincias tabacaleras en concepto de Fondo Especial del Tabaco (FET) establecen que los distritos productores, entre ellos Salta, dejaran de percibir unos 940 millones de dólares si se mentiene una "insólita inacción recaudatoria" por parte de la AFIP.

Pese a contar con una sentencia emitida el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, que hizo caer una medida cautelar de la tabacalera Sarandy para el pago del impuesto mínimo, el organismo recaudador no ha dado muestras de avanzar con el cumplimiento efectivo de lo dispuesto por la Corte, como así tampoco de establecer los mecanismos para comenzar a cobrar este discutido impuesto, que desde el año 2004 habría acumulado la friolera suma impaga de 100 mil millones de pesos.

Esta cifra descomunal en materia impositiva se sustenta en una serie de medidas cautelares que beneficiaron a compañías como Sarandí, que comercializa los cigarrillos Red Point; a Espert, que vende Melbourne; a Bronway, dueña de Pier, y a otras como la jujeña Cigarros y Tabacos, que vende CJ y a la salteña Tabes (Tabacos Especiales) que vende tabaco en hebras, motivo por el cual se considera al margen del impuesto a los cigarrillos.

Las otras tabacaleras del mercado que sí pagan el tributo (Massalin Particulares y British American Tobacco -ex Nobleza Piccardo) se consideran víctimas de un trato desigual en materia impositiva y denuncian competencia desleal.

En contacto con El Tribuno, referentes de estas últimas compañías afirmaron que "en un momento muy complicado a nivel fiscal en la Argentina, el Estado tiene un gran oportunidad con el potencial de recaudación de un sector muy bien regulado. Pero no está poniendo el foco en lograr esta recaudación extraordinaria que son 100.00 millones de pesos sobre una de las principales empresas tabacaleras, pero que asciende a 1.650 millones de dólares que dejó de recaudar en los últimos años y que solo para esta última temporada llega a US$940 millones que las provincias tabacaleras dejarán de percibir en concepto del FET", indicaron.

Pero lo más extraño en toda esta historia es que de acuerdo a una reglamentación de la propia AFIP del año pasado, ninguna tabacalera podría pagar menos de $130 de impuestos internos por cada atado de cigarrillos que se vende. Sin embargo, las compañías que aún no pagan el arancel comercializan el atado de cigarrillos a mucho menos que este mínimo imponible determinado por la AFIP.

En los últimos cuatro años, aseguran fuentes sectoriales, el Estado nacional dejó de recaudar US$1.650 millones, mientras que solo en 2022 la pérdida de recursos alcanzaría los US$580 millones. En ese contexto, Sarandí, empresa con la que AFIP judicializó el tema ante la Corte en su momento, ya adeuda más de $100.000 millones.

A lo largo de los años las medidas cautelares han ido aplazando el pago de estos impuestos, pero decantaron en un análisis definitivo sobre una cuestión de fondo: la constitucionalidad o no del impuesto mínimo a los cigarrillos. Este tema se encuentra en el análisis del juez federal Lavié Pico, quien debe emitir una sentencia en las próximas semanas.

Se estima que será la última instancia para que todas las tabacaleras, sin excepción, paguen el tributo que está totalmente regulado en la mayoría de los países del mundo y que tiene como fin la recaudación, pero al mismo tiempo, el desaliento del consumo de tabaco en la población.