El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha. Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos. El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había "fracasado".

Sin embargo, luego de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años y el ajuste de los valores era semestral. Hubo un tercer dictamen -cuya autora es la legisladora de Identidad Bonaerense Graciela Camaño- compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas.

Estas bancadas "del medio" inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio.

En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

En un principio, correría con ventaja la oposición, dado que el proyecto de Camaño también retoma los dos años de plazo de duración, aunque se diferencia al dejar librado a las partes involucradas la frecuencia de actualización del valor de los alquileres.

El diputado nacional del FdT Daniel Arroyo sostuvo que "ha sido positivo evitar la derogación de la ley", y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que "ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación". Y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento "en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario".