Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación, que ratificó la condena a prisión efectiva del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, en el caso del millonario robo de caños del gasoducto del NEA (GNEA), la defensa del exjefe comunal adelantó que recurrirá la decisión de los camaristas y apelará ante la última instancia judicial posible en el país, es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo hará a través de un recurso extraordinario federal que, al mismo tiempo, le otorgará a Prado la posibilidad de seguir en libertad hasta tanto el caso se resuelva en la instancia superior de Justicia.

"Estudiaremos a fondo el fallo de Casación y lo recurriremos. Por el momento no hay restricción a su libertad y el fallo aún no está firme. Tenemos 10 días hábiles para presentar el recurso extraordinario federal y cuando lo presentemos seguirá sin quedar firme hasta que se resuelva", expresó ayer a El Tribuno, Fernando Teseyra, el abogado defensor de Prado.

Teseyra había sido consultado el jueves pasado sobre el reciente fallo emitido por Casación Federal y aunque en ese momento desconocía la novedad, minutos más tarde confirmó la notificación. "Efectivamente hace instantes nos notificaron la confirmación del fallo. Presentaremos un recurso extraordinario federal en los próximos días para ir a la Corte Suprema" adelantó.

Los integrantes de la Cámara Federal, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, a traves de una fallo de casi 260 páginas, confirmaron las condenas impuestas por el Tribunal Oral de Juicio 2 de Salta al exintendente Prado, a 6 años y 6 meses de prisión, y a los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera, a 6 años y 3 años y 8 meses de prisión, respectivamente, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.

De esta manera la instancia de Casación también consideró que Prado, Alos y Vera son penalmente responsables en la causa conocida como "Gasoducto NEA".

En la misma oportunidad los magistrados hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y condenaron a Andrés Ayala como autor del delito de robo agravado en despoblado y en banda, y a Matías José Rossi como autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por haber adquirido caños provenientes del GNEA, aunque aplicando una calificación legal más favorable que la propugnada por los acusadores.

Los camaristas tuvieron por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en la sustracción de 228 caños del Gasoducto del Nordeste Argentino conocido como GNEA -pertenecientes al Estado nacional- durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020.

Dicho gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a la empresa Enarsa, hoy Ieasa, con la finalidad de transportar gas desde Bolivia a Argentina, obra que según afirmó la querella asciende a un monto de al menos $2.000.000.000 y beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra.

El Tribunal Federal 2 de Salta había condenado al exintendente Prado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión a mediados de diciembre de 2021. La defensa apeló y es así que Prado pudo conseguir su libertad luego de estar detenido por un corto tiempo en instalaciones de Gendarmería Nacional. Ayer cumplía su vida normal dando clases en un colegio de Aguaray.