La defensa del ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Carlos Santiago Kirchner pidió la absolución en el juicio por la causa Vialidad, y cuestionó la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Carlos Kirchner recibió el menor pedido de pena de los fiscales, dos años de prisión en suspenso, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", el único imputado sobre el que recayó esa figura. Los abogados Enrique Arce y Nicolás Guzmán coincidieron con la fiscalía en que Carlos Kirchner no participó de ninguna asociación ilícita.

Pero consideraron, además, que no existió tal asociación ilícita, que su defendido no incurrió tampoco en el delito de administración fraudulenta (por el que no fue acusado) ni en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya existencia como delito también cuestionaron.

Más aún, consideraron que los fiscales erraron al acusarlo por esa figura y pedir el máximo de la pena prevista porque no tomaron en cuenta las atenuantes (por ejemplo, que no registra antecedentes penales) ni advirtieron que ese presunto delito está –según su interpretación- prescripto.

Los fiscales Luciani y Mola entendieron que la prescripción se interrumpió porque la principal acusada, Cristina Kirchner, continúa siendo funcionaria pública y eso mantiene vigente la acción penal para todos los acusados. Pero los defensores replicaron que "la prescripción solo comprende a quienes hubieran participado en el delito que se le imputa al funcionario público", y Carlos Kirchner no fue acusado por asociación ilícita, que es la figura más grave que pesa sobre la vicepresidenta.