La defensa de otro de los imputados en la causa en la que se investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 calificó como "escandaloso e inaceptable" el alegato acusatorio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Luis Alonso Martínez, el defensor de Mauricio Collareda, extitular de Vialidad Nacional en el Distrito 23 (que correspondía a Santa Cruz) invocó el testimonio de un funcionario colocado en ese cargo en 2016, quien manifestó no haber detectado ninguna irregularidad.

Además, desmintió a los fiscales, quienes señalaron que Collareda era "amigo de Lázaro Báez" y les reprochó que hubieran tergiversado una situación que el propio exfuncionario reconoció, pero en otro contexto y con otros alcances.

"Collareda reconoció que "conocía" a Lázaro Báez; no que tenía una amistad con él. Lo hizo porque (el titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, Javier) Iguacel estaba buscando una forma de entrar en Santa Cruz porque suponía que estaba todo mal allí", explicó el abogado.

"No está probado que Collareda fuera amigo de Báez. Y no se puede probar porque no es cierto. También en este punto lo que expusieron los fiscales es inaceptable y escandaloso", insistió.

El abogado citó como justificación de su proclamación de inocencia el relato que brindó durante el juicio el extitular del Distrito 24 de Vialidad (correspondiente a Tierra del Fuego) Leandro Martín García. Se trata del funcionario que fue trasladado por la gestión de Iguacel a Santa Cruz para reemplazar a Collareda "cuando fue echado por la gestión que se inició en 2016", en los albores del gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando la Fiscalía le preguntó con qué se había encontrado en Santa Cruz, respondió que no había visto una situación que pudiera calificar como anómala. Que lo que ocurría en Santa Cruz no difería de otros distritos", respondió.

La Fiscalía insistió en que las "obras por convenio" son un mecanismo de delegación de la construcción de obra pública que, según los fiscales, fue una forma de enmascarar la presunta corrupción.

García –señaló la defensa de Collareda- respondió que en ese formato de obra pública "la supervisión la hace la dirección provincial de Santa Cruz. El rol que asume Vialidad es más de financiamiento y de seguimiento".

"Pese a todo esto, los fiscales quieren que Collareda, quien no tiene ninguna vinculación significativa con el supuesto direccionamiento de la obra pública –según ha quedado probado- pase seis años en prisión", se ofuscó el defensor.

Si bien se ciñó a la defensa de su cliente, Alonso Martínez rechazó la acusación de los fiscales sobre el mecanismo de presunta corrupción para favorecer a Báez.

Collareda aseguró: "No tuvo ninguna participación relevante en la maniobra que describió la Fiscalía".

La ronda de alegatos continuará el próximo viernes a las 8.30 con el alegato del abogado Mario Ganora, quien representa al imputado Osvaldo Daruich.

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Báez y diez años para el exministro de Planificación. Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros acusados.

Anteayer, el abogado de otro acusado, el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, abrió la etapa de alegatos defensistas y aseguró que la Fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados.

El letrado aludió a una causa penal que se llevó adelante en la Justicia de Santa Cruz y que concluyó que no hubo delito.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.