Un abogado salteño fue imputado por prevaricato en la causa Ríos & Asociados, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al letrado de manera provisional.

El 3 de agosto de 2022 el abogado se presentó ante el Juzgado de Garantías 3 como apoderado de 74 denunciantes de la mencionada causa. El 24 de agosto pasado el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito asumió la defensa de Cynthia Moya -quien está sospechada de ser la organizadora de la falsa financiera-, Alejandra Párraga y Antonella Leal, tres de las imputadas en la causa.

El artículo 271 del Código Penal establece que "será reprimido con multa (…) e inhabilitación especial de uno a seis años el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada".

Además, la fiscal Salinas Odorisio dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción y/o intimidación por parte del abogado. Además, por otra parte, se puede suponer también que el letrado cuenta con información de los ahora exclientes con los que asumió un contrato legal en su momento.

La decisión de la fiscal Odorisio se sustenta en la recepción de un escrito del Tribunal de Garantías 3 en la que se informa sobre una presentación del abogado en la que informa la celebración de un acuerdo conciliatorio con los denunciantes. Allí se consigna que los acreedores prestan conformidad a la libertad de los imputados, entre ellos Moya.

El documento presentado por el abogado agrega que "se solicita que no se ejecuten medidas de allanamiento y que se suspendan las investigaciones de la UDEC".

Hasta el momento son 26 las personas imputadas en la causa Ríos & Asociados, entre civiles, policías retirados, policía en actividad y ahora un profesional del Derecho. Nueve de los acusados permanecen detenidos en la Alcaidía General de la provincia.