La intromisión permanente del Gobierno nacional en precios de servicios vinculados a la energía genera distorsiones que, en el sector de las estaciones de servicio, afectan la rentabilidad de empresas pequeñas la mayoría de las veces.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta, Manuel Pérez, explicó que la región se maneja con valores de mercado pero que en Argentina esos valores están regulados totalmente e influenciados por las decisiones políticas.

En diálogo con El Tribuno, Pérez indicó que el aumento fue de un poco más del 4% en los productos comunes y, en los productos Premium, por encima del 6%.

Especificó además que "el hecho de que el combustible esté en Precios Justos es una pauta que se está manejando y que no es tan estricta como se anunció, que genera mucha incertidumbre".

Pérez sostuvo además que la situación de los estacioneros es compleja, porque el acuerdo del Gobierno con las petroleras pierde de vista que en toda la cadena de comercialización en las estaciones de servicio están afectada por la inflación.

Finalmente, en vistas de las expectativas en contexto del año electoral, expresó: "Tenemos una incertidumbre total en los impactos que puede tener el año electoral en nuestro sector, que siempre está muy influenciado por la política. Este es un gobierno del cual se espera que retrase tarifas, así que estamos preocupados. Realmente la rentabilidad del estacionero ha sido afectada en los últimos años".

¿Sin tarjetas de crédito?

Desde diciembre se evalúa la posibilidad de que las estaciones de servicio dejen de recibir tarjetas de crédito como medio de pago.

Frente a esta situación, Manuel Pérez explicó que esta posibilidad surgió como consecuencia de distorsiones que se generan por los plazos de acreditación y las comisiones.

El titular de los estacioneros reveló que la comisión que perciben los bancos varía dependiendo de la tarjeta y la estación de servicio, pero que ronda el 1,5%. A esto se suma que el plazo de acreditación suele prolongarse más allá de los 15 días, lo cual perjudica al sector y a los clientes, porque se les debe cobrar un porcentaje más por usar este medio de pago.