La Unidad Fiscal, conformada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt (Interino), dispuso la reserva total de las actuaciones durante un período de 10 días en la causa que involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de haber obtenido beneficios económicos a cambio de otorgar privilegios o facilitar el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes a personas detenidas.  

Grave riesgo de obstrucción a la causa

La implementación de esta medida tiene como objetivo llevar a cabo las acciones pendientes, excluyendo aquellas que, por su naturaleza y características, se consideren definitivas e irreproducibles. Fue adoptada en consideración de que «el Juez que intervino en las audiencias multipropósito otorgó medidas sustitutivas a los imputados, rechazando el pedido de prisión preventiva de 13 imputados», lo cual implica un grave riesgo de obstrucción a la causa.

“Esta disposición no significa de manera alguna pretender abdicación alguna en cuanto al resguardo del derecho de defensa, pero sí una prudente ponderación de las necesidades que plantea la investigación, teniendo como objetivo lograr un equilibrio entre los fines de este Ministerio y el derecho de los imputados, como medida temporaria y excepcional autorizada por la ley ritual y con la única finalidad de preservar los resultados de la investigación ante el perjuicio ocasionado por la sustitución de la prisión preventiva con arresto domiciliario, que tal como se hizo saber en su oportunidad, posibilita el control de la información y de las declaraciones testimoniales por parte de los integrantes de las fuerzas justamente investigados, en un régimen cerrado corporativo y de subordinación”, precisaron los integrantes de la Unidad Fiscal. 

Para preservar los resultados de las investigación

Además se destaca que, “los costosos esfuerzos dispuestos por este Ministerio, en el contexto de una clara e irrenunciable política criminal direccionada al firme embate de cualquier tipo de criminalidad organizada en un contexto de corrupción, requiere indefectiblemente de la adopción de medidas extremas para garantizar los resultados de la investigación ante el riesgo generado por la jurisdicción”.

Considerando la naturaleza y características específicas, la Unidad Fiscal decidió excluir de la reserva total las inspecciones oculares en los equipos de telefonía incautados a imputados, partícipes y testigos de la organización narco-criminal y de corrupción.

La Unidad Fiscal informó al Juzgado de Garantías y las partes involucradas sobre la medida adoptada.