El femicidio de Rosa Aranda y el feroz ataque que sufrieron su hijo e hija en el barrio Solidaridad, el martes pasado, volvieron a poner en el centro del debate a la violencia machista que no para de dar muestra de su vigencia en Salta, y de la peor manera.

Consultado por El Tribuno al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Ramón Domínguez, recordó rápidamente que en el primer trimestre de 2021 hubo dos femicidios en Salta; en 2022, 3, y en lo que va de este año ya son 4. Tenía frescos en la memoria los datos porque justo una semana atrás del último crimen brindó un informe detallado sobre el tema y otros de su competencia en el Senado provincial.

Más allá de lo estadístico, qué reflexión hace sobre la violencia de género en Salta y en particular de los femicidios, algo que parece estar lejos de erradicarse...

Sin duda que es así, nosotros estamos preocupados con esta situación. Entendemos que es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. En el caso de Solidaridad está interviniendo la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, a cargo de la doctora Mónica Poma. Acá hay que señalar, porque se había informado sobre una eventual demora de la Policía, pero no es así. Fui informado de inmediato de este hecho y el jefe de la Policía (Miguel Ceballos) fue de inmediato a la vivienda donde ocurrió el hecho. Incluso el homicida fue detenido ahí y se dispuso el traslado rápidamente de los dos hijos al hospital. La causa está caratulada como femicidio y doble tentativa de homicidio. Hay que aclarar que ni la Policía ni el Ministerio de Seguridad establecen la calificación del hecho.

Fuera de ese caso, ¿cómo están trabajando sobre la asignación de custodia o protección de las mujeres que denuncian situaciones de acoso y violencia? Las estadísticas que maneja la Justicia marcan que en lo que va del año en Salta se denuncia un promedio de 48 de estos casos por día, ¿tienen suficiente personal para dar respuesta?

Sin duda. Acá un aporte importante es la existencia de las tobilleras o pulseras electrónicas de seguimiento y estamos requiriendo a la Nación una mayor cantidad. En el 911 funciona un sector que hace un seguimiento las 24 horas, todo el año, del desplazamiento de la persona denunciada y de la víctima, y cuando el victimario se aproxima donde está la víctima en el acto se dispone el desplazamiento de policías para saber de qué se trata y eventualmente proceder. La tecnología ayuda mucho a controlar estos casos.

¿Cuántas pulseras electrónicas tienen y cuántas faltan, si es que faltan?

No hay faltantes de pulseras. Actualmente son 63 las pulseras que están operativas y hay solicitadas otras cien a Nación. Esas son para refuerzos, ya que no tenemos pedidos pendientes de pulseras para la protección de víctimas. Se entiende que son pulseras para la víctima y el victimario. Hay un seguimiento puntual y las 24 horas del desplazamiento de una o de otra persona, que cuando se aproximan se activa una alarma. Si eventualmente se produjera alguna falla en el sistema, en el acto se dispone que personal policial realice de manera presencial la custodia. La adquisición de las pulseras electrónicas forma parte de un convenio con Nación.

Con preocupante recurrencia suelen aparecer agentes de la Policía involucrados en casos de violencia de género y hasta femicidio, ¿cómo trabaja el Ministerio al respecto?

Bueno, en el acto se disponen las actuaciones administrativas...

La consulta va más que nada sobre la prevención…

En prevención es amplísima, la cobertura que se hace, con capacitación, en concientización y cursos. A partir de la sanción de la ley Micaela, la capacitación en género y violencia de género es obligatoria para todos los funcionarios del Estado. Pero bueno… La Policía es parte de la sociedad y esta problemática también la afecta. Los problemas sociales que impactan en Seguridad son muchos, como el desmembramiento familiar, la violencia intrafamiliar se ha incrementado, hay un incremento importante de denuncias...

¿Dentro de la Policía?

En general y en la Policía también. Hay una serie de desafíos que hay que afrontar...

Es una problemática general, pero en particular los policías tienen armas de fuego…

Ese es el problema, la tenencia del arma de fuego. Los cursos de formación y de actualización de la Policía contemplan todo lo que hace a la temática de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género y violencia institucional también. Se imagina que cuando a uno le informan está cuestión hay una sensación entre impotencia y de ver cómo podemos reducir estos índices o eliminarlos. Me permito enunciar a título ejemplificativo cuestiones que también influyen a nivel general como la desocupación, somos la segunda provincia con más desocupados del NOA; el problema de las adicciones también influye, las más graves son las drogas, pero también el alcohol. Está el hecho de cómo impacta, por ejemplo, la cuestión social en la cantidad de robos y hurtos que hay, donde sin duda la inflación golpea severamente a todos, pero de manera significativa a las personas con ingresos bajos. La caída del poder adquisitivo, la economía en crisis afectan. Tenemos un análisis estadístico de lo que es la urbanización desorganizada, cómo se han incrementado las intervenciones policiales por desórdenes, también cuando se dan las usurpaciones. Hay un plus de esa sensación que explota por el lado de la violencia. Pero el mensaje que quiero transmitir a la sociedad y a la ciudadanía es doble. En primer lugar, tenemos una especial preocupación respecto al tema de la violencia de género y frente a cualquier tipo de violencia, más cuando se trata de hechos que terminan en la muerte de una mujer en un contexto de género. Por otro lado, en la prevención desde la Secretaría de Justicia, que depende del Ministerio de Seguridad, hay campañas de concientización que se extienden a todo el territorio de la provincia.