Desde que se promulgó la ley de alquileres, fue señalada como la norma que perjudicó a inquilinos y propietarios por igual. Los contratos que se firmaron desde el 30 de junio del 2020 tuvieron que incluir dos puntos que resultaron muy polémicos: la extensión es a tres años y ya no dos y la actualización dejó de ser semestral para ser anual, con un índice que es un promedio entre la inflación y las paritarias.

Desde el Ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la ley que regula el mercado desde hace tres años y se analizan alternativas posibles para ponerle un punto final.

Ante este nuevo escenario, el empresario local inmobiliario Juan Biella pidió que se modifiquen puntos que consideró clave. Apuntó que el tiempo de actualización tiene que ser cada seis meses y bajar la extensión del contrato de tres a dos años.

Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria, alertó que la derogación o las modificaciones se deben hacer de manera "urgente".

"El rumor y las declaraciones sobre el tema hicieron que todos los contratos que se estaban por firmar, se frenen. Nadie quiere formalizar hasta no conocer las nuevas reglas de juego. Si no lo hacen, la semana que viene el daño será peor que la ley de alquileres, es terrible. Lo que nosotros esperamos es que modifiquen esos dos artículos nada más, con lo cual estoy convencido de que vamos a volver a un valor locativo normal", destacó el empresario local.

Con la ley actual se generó un escenario complejo porque un alquiler de una casa en la zona sur para una familia de clase media debería ser de $40 mil, pero para anticiparse a la inflación que puede haber en un año el precio inicial se fija en $60 mil. "Con la suba de precios actual, de acá a un año, esos $60 mil se van a hacer $120 mil y terminas 'matando' al inquilino", dijo Biella.

"Nadie quiere hacer un contrato nuevo porque todos se imaginan que la nueva ley va a ser más favorable para ambas partes. Esperemos que con celeridad hagan las modificaciones y que den reglas de juego claras y previsibles en el tiempo", expresó el empresario.

Martín López Fleming, abogado y corredor inmobiliario, expresó que desde hace tiempo viene siendo crítico con la ley porque creía que era un error. "Una evidencia de ello es que se quiere volver al estado anterior. En lo personal creo que este tema amerita una modificación pero, sobre todo, que se escuche a las partes, a los propietarios, a los inquilinos y a los corredores que participamos de la locación", expresó el especialista.

Para el corredor inmobiliario, uno de los problemas centrales que tiene la normativa es que ante el ajuste de los valores hay una incertidumbre sobre cuál va a ser el precio para el segundo y tercer año. "Es como un salto al vacío por el hecho de que está establecido por este índice que contempla paritarias e inflación y ninguna de las dos partes sabe cómo se sigue. Sabe cómo se empieza con el contrato, cuál es el valor inicial, pero no cuál es el valor para el segundo y tercer año", agregó.

Afirmó que el cambio del esquema de cómo establecer los precios debe ser una "convención de partes" y que deben ser ellas las que establecen el precio. "En esa negociación entre el inquilino y el propietario seguramente va a haber tironeos porque la inflación se hizo muy difícil de sostener, pero la forma de fijación de precios a convención de partes hace que ellas sean los que lo fijan", destacó.

Emilia Calmejane, abogada y subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta, en diálogo con El Tribuno expresó que le parece importante decir que el "error" estuvo en atar el precio del alquiler a valores inflacionarios.

"Para mí sería una equivocación enorme ir por la derogación de derechos mínimos que fueron consagrados en la ley a favor de los inquilinos, como por ejemplo el plazo mínimo de alquiler, el plazo anual de actualización, la restitución del depósito a valor actualizado y la claridad entre gastos ordinarios y extraordinarios a cargo del locador", expresó la funcionaria.

También dijo que es necesario dejar establecido expresamente que al inquilino le corresponde el encuadre de consumidor por el estatuto dispuesto en la ley 24240 y el beneficio de participar como la parte más débil.

"Creo que introducir esta aclaración sobre la normativa podría equilibrar la relación entre partes. Actualmente el marco normativo es resistido por la Justicia, quienes no contemplan al inquilino como la parte débil en la relación", finalizó Emilia Calmejane.